Cartoneros reclamaron hoy al Gobierno contra un decreto que, aseguran, "flexibiliza normativas ambientales y excluye el trabajo de recicladores", al tiempo que pidieron que reconozcan el rol que cumplen en la sociedad.

La movilización, convocada por la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), comenzó en el Obelisco y luego se dirigió hacia la sede de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, ubicada en San Martín 451, en el barrio porteño de San Nicolás.

El objetivo fue rechazar el decreto 591/2019. "Permiten la importación de basura y materiales reciclables. Si la industria necesita, que vengan y nos compren los materiales a nosotros. Ante semejante ajuste, se vienen a meter con nuestro sector", subrayó la referente de la FACCyR Jacqueline Flores.

• En todo el país hay alrededor de 200 mil recicladores urbanos y desde el sector denuncian que no son reconocidos por el Gobierno. 

En tanto, el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, remarcó que el Gobierno "fomenta y apoya el trabajo de reciclado que realizan los cartoneros y la colocación de sus productos en el mercado".

A la vez, el funcionario también defendió el cuestionado decreto, al afirmar que se trata de "una política de producción" en el marco de una "economía circular", en la que sólo se permite el ingreso a aquellos "insumos que han sido valorizados a través de distintos procesos y convertidos en nuevas materias primas según normas internacionales, como se hace en Estado Unidos y en la Unión Europea".

"A partir del decreto 591 sólo se deja ingresar lo que dejó de ser residuo y pasó a ser un insumo para la industria previa validación de las autoridades nacionales de Producción, que confirma que la industria lo va a usar para una demanda específica y que no hay posibilidad de conseguir ese insumo en Argentina", aseguró.

Funcionarios de la Secretaría de Ambiente y del Ministerio de Producción habían mantenido una reunión con referentes de la CTEP el pasado lunes para proponerles la constitución de una mesa de trabajo conjunta para la elaboración de la reglamentación del decreto en cuestión.