A partir de este lunes se inicia el plazo de más de tres meses que tendrán los empleados de la administración pública central para adherir al sistema de retiros voluntarios, con el cual desde el oficialismo se busca reducir el gasto público en el Estado.

Con este nuevo plan de pago, se estima que son 80 mil los trabajadores en condiciones de adherirse al retiro, sobre un universo total de empleados estatales que es de casi 210 mil personas. 

El Gobierno posibilitó el retiro en tres opciones. De acuerdo a la norma publicada, la primera categoría apunta a quienes tienen 65 años o más pero no poseen los años suficientes de aportes. Para ellos se ofrece 24 cuotas mensuales iguales “no remunerativas” equivalentes a su salario neto.

En segundo lugar el retiro voluntario contempla a los trabajadores que tengan entre 60 y 65 años, para quienes se ofrece “la percepción de una suma no remunerativa de hasta 36 cuotas mensuales, iguales, y consecutivas”.

En la última categoría están incluidos el resto de los trabajadores con la única condición de tener dos años de antigüedad en alguna de las dependencias públicas incluidas. Para ellos el decreto contempla el pago de entre 6 y 24 cuotas mensuales del 70% del salario neto y un bono que puede ser de hasta 6 sueldos, todo de acuerdo a la antigüedad del empleado.