A pesar de los esfuerzos y las determinaciones de los funcionarios, el coronavirus iba a llegar a la Argentina tarde o temprano y para esa situación había que estar preparado, más allá de las limitaciones en materia sanitaria. Por eso, desde el minuto uno se llamó a "aplanar la curva" con el fin de extender el alcance del pico de casos, para combatir al virus de la mejor manera.

Hasta cierto punto, el aislamiento obligatorio y otras medidas colaboraron con esta decisión. División de prioridades, cuidado personal y la constante limpieza de los ambientes fueron las recomendaciones a todos los argentinos con el plan de proteger a los más débiles: niños y personas mayores. Pero algo salió mal: ¿Quién se hacía cargo de los geriátricos?

Así como Europa despertó la alerta y las medidas se tomaron a tiempo en Argentina, la situación en las residencias mayores fue un completo desastre. España, por su lado, registró de manera oficial 18.986 muertos en geriátricos sobre los 27.900 en todo el país, mientras que Italia, sin revelar números oficiales, asegura que los ancianos fallecidos están por encima del 40% del total. Así y todo, en Argentina se pasó por alto.

Lejos de sus familiares por cuestiones lógicas, los hijos o nietos pusieron total confianza en las residencias y todo parecía ir sobre ruedas. El 7 de marzo (13 días antes de la cuarentena obligatoria), Luana Volnovich, titular de PAMI, había anunciado un protocolo preventivo para todos estos espacios, donde se les hizo firmar una declaración jurada a los dueños y se originó el plan "Módulo Covid", que fue un pago extraordinario para suplir necesidades.

Sin embargo, un mes más tarde iba a llegar la primera mala noticia. El hogar Beit Sión, del barrio de Flores, registraba los primeros casos de coronavirus y las alarmas se encendieron. Con un gran aporte económico, se pudieron realizar test masivos en el local y se detectaron a tiempo a 35 infectados. Pero todo iba a estallar a las pocas semanas en el Geriátrico Incas Apart, de Belgrano.

Tras una primera denuncia registrada el 19 de abril, la fuerza de los familiares y las quejas constantes, llevaron a la intervención del SAME y del Gobierno de la Ciudad para clausurar el lugar, luego de que se confirmaran 19 casos de los 33 residentes, además de que algunos de ellos eran empleados.

La incertidumbre y bronca de los allegados comenzó a reinar cuando inició la investigación. A las pocas horas, se evaluó el accionar de Apart Incas y el propio Estado inició un proceso de denuncia penal por negligencia. Sin contar con los protocolos y el constante ida y vuelta de los trabajadores, nadie se responsabilizó por controlar temperaturas ni desinfectar a las personas externas.

"Esta situación era conocida por el gobierno de la Ciudad. Nos dijeron que teníamos que derivar a los pacientes a obras sociales pero ninguna lo quería recibir, pero no tenemos personal porque nadie quería venir a trabajar aquí. Nos prometieron que nos iban a mandar a personal calificado", relató una de las empleadas a Perfil.

"No fue abandono de personas, el tema es que no tenemos personal". La frase exime a los trabajadores, pero no a los responsables y ahí es donde surgió el nombre al que todos los familiares apuntaron: Edgardo Néstor Chouela, dueño de Apart Incas, que hasta la fecha no se ha presentado.

¿Quién es Chouela? Se trata de un médico dermatólogo que se supo desarrollar como titular de dicha cátedra en la Universidad de Buenos Aires y que es dueño del centro dermatológico que se lleva su nombre. Sin embargo, su actividad en geriátricos no estaría ligada únicamente a Apart Incas, sino que la Inspección general de Justicia (IGJ) investiga la sociedad del instituto con una empresa offshore española, con la que habría trabajado y la que lo vincularía con otras dos empresas de del.

Sin embargo, el que sí "puso la cara" como apoderado fue Daniel Megyes, integrante del directorio, según el último Boletín Oficial, que intentó dar las mismas explicaciones respecto del personal, pero que recibió diferentes respuestas y todas las acusaciones cayeron contra él, en especial de los familiares que se acercaron ese miércoles 22 de abril.

"Hace 72 horas que no hay nadie acá. No hay personal, médicos. Sos un mentiroso. Tenés seis clínicas, poné la cara", disparó un familiar, mientras que otro grito fue más desgarrador: "Nos arruinaste. Dejamos los viejitos en tus manos, Luis. Querés decretar la quiebra, querés sacar a los abuelos a la calle".

Mientras tanto, ante las cámaras, Megyes se defendía y derivaba el control a la Ciudad de Buenos Aires. "Nos dijo que no era factible, que no era lo adecuado de acuerdo a la realidad sanitaria, pero que se iban a poner a cargo. Nosotros siempre quisimos derivarlos", sentenció ante la presencia de Alberto Crescenti, titular del SAME, que desnudó la defensa del apoderado: "No hay ninguna autoridad acá y vamos a tomar nosotros la autoridad. Vamos a revisar a todos los abuelos, a todo el personal y vamos a trasladar a quien lo necesite".

Tras la tensión en la Avenida de los Incas, la situación seguía pendiendo de un hilo. La Justicia trabajaba en lo suyo, buscando documentación en las cajas fuertes del lugar, y en los centros médicos se luchaba por la recuperación de los pacientes. Sin embargo, ya era demasiado tarde. El 24 de abril, se confirmó la primera muerte de un residente del geriátrico.

En ese momento, el número podría no ser significativo, a pesar del dolor. En el mencionado Beit Sión se había producido un fallecimiento sobre 35 casos y en el geriátrico San Lucas, de Parque Avellaneda, también se informó un deceso de los 18 confirmados. Aún así, la gestión de los institutos no fue para nada similar y el desastre apenas había empezado en Belgrano.

Por orden del fiscal Maximiliano Vence, miembros del Ministerio Público Fiscal registraron el lugar en búsqueda documentación que diera a conocer cuál pudo haber sido el inicio del caos. Sin embargo, se encontraron con mas sorpresas: cheques, dinero en efectivo y hasta una ventana violentada, agigantando la hipótesis de que se trató de ocultar información.

Mientras tanto, la salud de los residentes empeoraba. El 28 de abril se confirmaba la segunda muerte y el 29, el caso del Apart Incas pasaba a ser una de las situaciones más dolorosas de la pandemia, con tres nuevas muertes para un total de cinco fallecidos y más de 18 internados hasta la fecha.

La investigación avanzaba y se imputaba al dueño por "abandono de persona seguido de muerte" y "propagación de una enfermedad", y la situación del geriátrico despertaba alertas en el país. Tras chequeos intensos, se registraron casos de COVID-19 en la Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Mendoza, Córdoba y Chaco. El temor crecía y el Gobierno debía actuar.

La llegada de mayo, no fue cambiante. El 1 se conoció a la sexta víctima, el 7 la séptima, el octava y el 14 de mayo, ya con la situación prácticamente controlada, se dio a conocer la novena víctima sobre 19 casos confirmados el pasado 22 de abril y, lamentablemente, la tendencia del Apart Incas se comenzó a repartir en el país.

En un momento en el que el país suma más de 8.000 casos y 300 muertes, los relevamientos en las residencias de adultos mayores se incrementaron con números dolorosos. 30 residentes muertos (10% a nivel nacional) de 152 casos confirmados (mortalidad del 20%) en 13 geriátricos, solo de la Ciudad de Buenos Aires.

El dolor, la angustia y bronca de los familiares continúa, eso está más que claro. Pero a un mes de que estallara la situación en Belgrano, la negligencia y abandono de persona (residentes y trabajadores) por parte de los dueños, abrió los ojos a los 3800 geriátricos de toda Argentina, y desde entonces, la situación ha cambiado, pero nadie sigue a salvo.