El 4% de la inflación general de enero, y el 4,8% en la categoría alimentos y bebidas, confirma los temores del Gobierno nacional. En caso de que el aumento de precios se sostenga en niveles elevados, el pronóstico de un año con un 29% de inflación que arroja el Presupuesto 2021 será imposible de cumplir. 

En la vereda de enfrente, las estimaciones de las consultoras privadas relevadas por el Banco Central a través del REM proyectan una inflación minorista del 50% para diciembre del 2021. 

En la vereda de enfrente, los salarios acumulan tres años consecutivos de caída en su poder adquisitivo: 12,1% en 2018, 8,4% en 2019, y 3,1% durante el año pasado. Para contener el aumento en los precios, e intentar romper con esta tendencia, el Gobierno abre diversos frentes en simultáneo. 

Acuerdo de precios y salarios

Con el objetivo de “alinear expectativas” con las proyecciones del Presupuesto 2021, el gabinete económico se reunió con los principales dirigentes sindicales el miércoles. El jueves pasado fue el turno de los empresarios. 

“Las reuniones tienen por objetivo generar acuerdos que permitan hacer converger las variables de precios y salarios para lograr una recuperación del ingreso que impulse la reactivación de la economía”, señala el comunicado oficial de convocatoria.

De esta forma, el Gobierno busca atenuar los incrementos de precios a través del consenso con los empresarios. Pero también acotar los aumentos salariales al 29% anual que defienden los números oficiales. El cierre de la paritaria del sector bancario se empalma exactamente con este objetivo (aunque posee una cláusula de revisión para septiembre). 

Pese a que los representantes del ejecutivo afirmen lo contrario, todo indica que el número de Guzmán plasmado en la Ley de Leyes oficiará como “techo” a los arreglos paritarios de este 2021. Con todo, el Gobierno avanza hacia acuerdos con dos sectores que pueden comportarse de manera diferenciada: mientras los salarios se fijan una vez por año (en paritarias), la remarcación de precios puede ocurrir todos los días.

Desacople de precios internacionales e internos

 

A la hora de avanzar en un acuerdo con el campo, la cuestión no fue tan amistosa. Las declaraciones del presidente Alberto Fernández sobre la posibilidad de una suba de retenciones o la implementación de cupos a la exportación de commodities hizo sonar la alarma entre los productores agropecuarios. 

Sin embargo, este miércoles se reunieron en paz. Pero sin anuncios que den una respuesta al problema. Ni la firma de un documento. Nada. “No va a haber incremento de retenciones ni intervención en los mercados”, dijo Jorge Chemes, titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), al finalizar el encuentro. 

Por su parte, Alberto Fernández señaló en Twitter que “todos queremos encontrar una solución consensuada para evitar que suban los alimentos ligados a la producción agrícola y ganadera”. Tanto los sectores rurales como el Gobierno manifiestan que existen propuestas y discusiones, pero sin ofrecer soluciones concretas a los aumentos de precios. 

El fideicomiso formado entre exportadores y productores del sector aceitero promete aliviar los precios internos pero no hay datos disponibles para conocer cómo se logrará esto. La propuesta se da luego de un 2020 donde la cotización en los mercados internacionales de la soja aumentó un 40% y el trigo un 14,6%. 

El ida y vuelta entre el Gobierno y el campo gira en torno a disociar los elevados precios en el mercado mundial de las materias primas exportables. Evitar su traslado a los precios en el mercado interno. Pero, al mismo tiempo, evita la confrontación directa con el sector agropecuario, ya que necesita el ingreso de divisas provenientes de sus exportaciones, en momentos donde las reservas del Banco Central escasean.

El dólar

Una de las premisas para favorecer las exportaciones fue evitar el “atraso cambiario” mediante la depreciación del peso, a partir de mantener su precio más competitivo en el mercado internacional. De esta forma, el Banco Central convalidó una suba del tipo de cambio mayorista del 51,2% entre enero del 2021 y el mismo mes del año pasado.

Sin embargo, sostener este ritmo devaluatorio durante el año corriente implicaría convalidar la inercia inflacionaria, un mayor traslado a precios, atentando directamente contra el objetivo de reducirla. Durante enero, el dólar oficial subió 3,7%. Si anualizamos esta cifra, daría una devaluación mucho mayor a la esperada por el Presupuesto.

En este sentido, Guzmán advirtió que “sería un error extrapolar eso para todo el año”. Los dichos del ministro corresponden con la política adoptada por Pesce en el BCRA. Febrero arrancó con una depreciación mensual inferior al 3%, más consistente con el objetivo presupuestado del 25% anual. Así, nos enfrentamos a un 2021 que tendrá una tasa de devaluación sensiblemente inferior a la observada durante 2020.

Ir hacia un esquema donde el dólar crezca por detrás del nivel de precios tiene efectos directos y contradictorios. Por un lado, puede aliviar los precios que están estrechamente ligados a la evolución del tipo de cambio, como la nafta, los productos importados y los producidos localmente que dependen de insumos importados. Todos ellos serán relativamente más baratos.

Pero, por otro lado, avanzar hacia un atraso en el tipo de cambio actúa como un desincentivo hacia los exportadores, quienes recibirán menos dólares por sus ventas al exterior. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, el tipo de cambio mayorista se incrementó más del 50% durante el 2020 y las exportaciones son favorecidas por una tendencia alcista en los precios del mercado internacional de commodities.

Tarifas

En diálogo televisivo en A Dos Voces (TN), el ministro de Economía dijo que “tiene que haber una actualización de tarifas para asegurar la rentabilidad de las empresas, pero que va a haber un marco de transición, para evitar que las subas sean por encima de la inflación”.

De esta forma, Guzmán expresa las disputas que existen dentro del Gobierno sobre cuánto aumentar las tarifas. Por un lado, el funcionario defiende los lineamientos del Presupuesto 2021, donde establece que el ratio de subsidios sobre el PBI se mantendrá constante respecto al 2020 (1,7%). Para lograr este objetivo, las tarifas se deberían ajustar un 30% al alza.

Otros actores pertenecientes a la coalición de Gobierno, particularmente quienes están al frente de los entes reguladores, presionan por aumentos por debajo del número de Guzmán. Los interventores negocian con las empresas subas del orden del 9% para este año, un lineamiento que responde al mandato de “alinear salarios y jubilaciones, precios, sobre todo los de los alimentos, y tarifas”, establecido por Cristina Fernández de Kirchner en diciembre pasado.

La decisión final será particularmente sensible dentro de la población de menores recursos, ya que destina una mayor proporción de sus ingresos en el pago de servicios públicos. La segmentación de tarifas (a familias de mayores ingresos, mayores aumentos, y a familias de menores ingresos, menores aumentos), insinuada durante el año pasado, parece haber sido archivada por el ejecutivo. 

Pero el número final también repercutirá en el conjunto de la cadena productiva, por tratarse de insumos imprescindibles para la actividad. De esta forma, el porcentaje de aumento influirá directamente sobre el dato final de la inflación anual.

Emisión 

Finalmente, Guzmán llevó alivio hacia sus críticos ortodoxos. Este miércoles, dijo que “la emisión monetaria es uno de los factores que alimenta la inflación”. Así, el ministro advierte otra premisa que ya está explícita en el Presupuesto: el achicamiento del déficit fiscal, que llegó a niveles del 6,5% en el 2020. La meta para el 2021 quedó establecida en 4,5%.

Particularmente, el problema del déficit reside en que, al ser financiado mediante la emisión de billetes por parte del Banco Central, aumenta el dinero en circulación. En nuestro país, los pesos excedentes suelen terminar yendo a la compra de dólares, haciendo subir su cotización. Y la suba del dólar siempre repercute en una aceleración de la inflación.

Pero además, achicar el déficit y la emisión serán dos claves en las negociaciones por un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuyo recetario suele incluir estas exigencias. 

Impulsar la demanda pero sin incrementar el gasto público es el objetivo oficial para un año electoral. Luego de tres años de pérdida de poder adquisitivo de los salarios, una pobreza del 44% y derrumbe en los ingresos de los sectores más postergados, bajar la inflación resulta prioritario para avanzar hacia una recuperación.