Este jueves, el Indec difundió el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de diciembre:la inflación durante el último mes del año fue del 4%, el valor más alto del 2020. De esta forma, se acumuló un aumento de precios del 36,1% en doce meses. Sin embargo, el incremento de precios no afectó a todos los sectores de la misma manera. En particular, Alimentos y bebidas, un rubro de vital importancia para el conjunto de la población, aumentó por encima del promedio y cerró con un 4,4% en diciembre, dejando un  incremento del 42,1% anual. 

La tendencia hacia una aceleración en el aumento de los precios para este 2021 es evidente. En este sentido, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central, que releva los pronósticos de las principales consultoras y especialistas, advierte que la inflación del 2021 se ubicará en 49,8%.

Como es de esperar, la amenaza inflacionaria despierta preocupaciones en todos las y los argentinos. En especial, quienes viven de sus salarios que no aumentan acorde o se encuentran desocupados. En promedio, los sueldos crecieron por debajo de la inflación durante este 2020, acumulando una pérdida del 1,9% a octubre, según el Indec. De esta forma, se encadenan tres años consecutivos de caída en el poder de compra de las y los trabajadores. Esta pérdida del salario real puede explicarse por la incidencia que tiene el precio de los alimentos en la canasta de subsistencia y lo evidenciamos cada vez que hacemos las compras. 

Los precios y los commodities

¿Qué empuja el precio de los alimentos por encima de la inflación general? En términos generales, tenemos un aumento en sus precios internacionales y una devaluación de nuestra moneda. Por un lado, la cotización de los commodities agrícolas se encuentra en alza constante, llegando a niveles récord en seis años. El hecho de que la soja ya supere los US$500 por tonelada, el maíz se ubique por encima de los US$200 y el trigo alrededor de los US$245 podría ser visto a priori como una buena noticia para nuestro país. Esto se debe a que Argentina es un exportador neto de estos productos: cuanto mayor sea su precio en los mercados internacionales, más dólares deberían ingresar a nuestro país.

Sin embargo, el recorrido alcista de los commodities agrícolas es un arma de doble filo. Su contracara directa es el aumento en los precios locales de estos productos. Al ser bienes exportables, sus productores trasladan los valores internacionales al mercado nacional. Al respecto, el ministro de Economía señaló este jueves que “termina siendo regresivo, porque el resto de la sociedad termina enfrentando precios más altos para todo lo que está asociado a estos commodities”. Guzmán se refiere a los bienes de consumo cotidiano que utilizan los productos agrícolas como insumos para su producción, como puede ser el pan o la carne.

Mientras la tendencia alcista en los precios de los commodities se explica por la debilidad del dólar a nivel internacional, en nuestro país ocurre lo contrario. La paradoja es que, mientras la divisa estadounidense pierde valor contra otras monedas y activos financieros o bienes transables, en Argentina el dólar se aprecia a un ritmo cada vez más acelerado. Dado que los precios de los alimentos están atados al precio internacional, como explicamos anteriormente, también guardan estrecha relación con el valor del dólar, la moneda en la cual se realizan estas transacciones mundiales. Así, el valor oficial del dólar se devalúa a una tasa del 47% anual, con su correlato en los precios de los alimentos.

El conflicto con el campo

Bajo este contexto puede explicarse el conflicto entre el Gobierno Nacional y los productores rurales que marcó estas últimas dos semanas. La decisión de suspender por 60 días el registro de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) para el maíz tenía por objetivo garantizar su provisión y bajar los costos de un insumo fundamental para la industria de la carne. Más allá de la cuestionable eficacia y las limitaciones de una medida de este tipo, el ejecutivo apuntaba a intervenir en los costos de uno de los sectores que más aumentó sus precios en diciembre pasado: el asado subió un 28,5%, la nalga un 20%, el cuadril 19% y el pollo 16,1%.

El rechazo inmediato de los productores agrícolas y el anuncio de un paro por 72 horas decretado por la Mesa de Enlace puede sonar exagerado cuando observamos los números del sector. La suspensión de las exportaciones implicaba perjuicios marginales para “el campo”: las ventas al exterior estimadas para la campaña 2020 eran 37,5 millones de toneladas de maíz. De ese total, ya se exportaron más de 34 millones de toneladas. Según las Bolsas de Comercio de Rosario y Buenos Aires, la diferencia representa unos US$800 millones. Durante el 2020, el precio que recibe el productor de maíz (descontadas las retenciones) creció casi 96%.

Los alcances particulares de la fracasada medida del ejecutivo nacional explican poco sobre la dimensión que tomó el conflicto. Para entenderlo en toda su magnitud, debemos volver sobre el alza en los precios internacionales de los productos agrícolas. Lo que está en juego es quién se apropia de la renta extraordinaria resultante. Esto, sumado a la devaluación del peso argentino, redunda en ganancias abultadas que incluso compensan la sequía que afecta los territorios sembrados. La pulseada que se plantea a futuro es si estos beneficios se realizarán también a costa de una aceleración en la suba de los precios de los alimentos, mediante el traslado de los valores internacionales a los locales, como fue explicado anteriormente. 

Es en este punto donde “el campo” no tiene pensado retroceder ni un centímetro. Salta a la vista con las propias declaraciones de sus referentes. Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina, rechazó la postura del Gobierno por tratarse de “una medida inconsulta”. El argumento es replicado por la mayoría de los referentes agropecuarios. De fondo, lo que se está discutiendo es hasta qué punto la administración nacional puede tomar decisiones de política económica. Un Gobierno democrático tiene el mandato que le otorgan los votos para ejecutar medidas. Sin embargo, para los ruralistas el poder de decisión gubernamental debe limitarse cuando se trata de su sector. En este caso, se debería preguntar primero, escuchar recomendaciones, y actuar en consecuencia. 

El poder adquisitivo 

 

Entonces, el conflicto sobre el desacople de los precios internacionales respecto del mercado interno es sustancialmente político. En el pasado, esta desconexión se encaró por el lado del aumento en las retenciones sobre la producción agrícola, que desembocó en el conflicto del 2008. Un incremento en los impuestos a las exportaciones repercute en una reducción de los precios internos de los bienes alcanzados por el gravamen. Aunque este 2021 nos presente un nuevo ciclo alcista en los commodities agropecuarios, la situación interna es bien distinta. 

El Gobierno se encuentra en un proceso de reducción de las retenciones, no de suba. En 2015, el maíz pagaba 20% de retenciones, hoy paga 12%. Cuando quiso enfrentar a algún sector agropecuario, el ejecutivo acabó retrocediendo. Primero con la fallida estatización de Vicentin, ahora con la vuelta atrás en el cierre a las exportaciones de maíz. En caso que el boom de commodities se profundice, los precios internos de los alimentos se acelerarán al alza. Si el Gobierno no consigue hacer pie en esta discusión, o intenta avanzar con medidas improvisadas e inefectivas, corre el riesgo de ir hacia el cuarto año consecutivo de pérdida de poder adquisitivo del salario.