Las manifestaciones en Ecuador llevan diez días y por ahora parece remota la posibilidad de que las partes alcancen un punto de acuerdo que ponga freno a las protestas que ya dejaron dos muertos y decenas de heridos.

Este miércoles, el Gobierno rechazó el pedido de los pueblos originarios de derogar el estado de excepción que rige en seis de las 24 provincias y en la capital. Además, exigen la reducción de precios de combustibles, control de precios de los productos de primera necesidad, impedir las privatizaciones y la flexibilización laboral, entre otras demandas.

Unos 15.000 manifestantes se encuentran en Quito desde el lunes. Allí, el Palacio de Carondelet, residencia del presidente Guillermo Lasso, se encuentra rodeada de vallas y militares. En medio de la represión, la ciudad se mantiene virtualmente paralizada. El presidente dijo que hay sectores que buscan derrocarlo. "Ellos buscan el caos, quieren botar al presidente, yo estoy aquí, yo no voy a escapar", afirmó.

El líder de la movilización, Leonidas Iza, dijo que el Gobierno tiene las "manos manchadas de sangre". Hasta el momento, según cifras de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, se han registrado dos muertos, 90 heridos y 87 detenidos.

El Gobierno, por su parte, informó 101 efectivos heridos y denunció la desaparición de otros 18, que ya fueron localizados.

Iza, que además es presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), expresó que están dispuestos a dialogar sin intermediarios y bajo veeduría que garantice resultados.

Desde el Gobierno dijeron que "es el momento de dialogar", pero se negaron a aceptar las condiciones que imponen los manifestantes.

"No es el momento de poner más condiciones, no es el momento de exigir mayores demandas, es el momento de sentarse a conversar, estamos en el décimo día de paro", dijo el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, a la red de televisión Teleamazonas.

La semana pasada, el Gobierno anunció una serie de medidas, entre las cuales garantizó que no habrá nuevos aumentos en los combustibles y que tampoco impulsará la privatización de servicios públicos y sectores estratégicos.