La Justicia de Ecuador resolvió reducir de 60 a 30 días la vigencia del estado de sitio declarado el pasado 18 de octubre por el presidente de la República, Guillermo Lasso, acción realizada con el objeto de combatir el aumento de la inseguridad en el país.

“Por no haberse justificado la duración de 60 días, el ámbito temporal del referido decreto y la medida de movilización de las Fuerzas Armadas se limitará a 30 días contados desde su expedición”, comentó la Corte Constitucional en un comunicado.

Además, el Tribunal limitó las facultades de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia común y las limitó a cumplir “funciones complementarias” de las de la Policía Nacional.

La Corte subrayó que la participación de estos grupos deberá estar “suficientemente justificada”, al tiempo que habrá que “respetar el principio de proporcionalidad”.

Remarcó también que la actividad de toda la fuerza pública debe respetar los estándares de uso progresivo de la fuerza y los derechos humanos de la población.

Además, advirtió que el estado de excepción no afecta el derecho ciudadano a la protesta social.

Por otra parte, el tribunal ordenó al Ejecutivo encabezado por Lasso a que una vez terminado el período de vigencia del decreto le remita un informe sobre las medidas concretas adoptadas para superar la crisis.

También le solicitó que informe sobre las medidas que prevé adoptar a corto, mediano y largo plazo para fortalecer el sistema de seguridad.

El pasado 18 de octubre Lasso había decretado el estado de excepción por 60 días y una movilización extraordinaria de la Policía y las Fuerzas Armadas, como respuesta a un aumento del delito, que atribuyó al narcotráfico.

“En las calles de Ecuador hay un solo enemigo: el narcotráfico”, comentó Lasso aquella vez, horas después de haber recibido al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a quien le garantizó el respeto al estado de derecho.

Blinken advirtió por entonces que las medidas excepcionales debían estar “muy centradas en lo que quieren lograr y tener una duración finita y, por supuesto, seguir y proceder de manera que defiendan los valores democráticos”.

El decreto que dispuso el estado de excepción justificó la medida en la existencia de una “grave conmoción interna” y el mandatario dijo que entre enero y octubre de este año se registraron casi 1.900 homicidios intencionales, frente a cerca de 1.400 en todo 2020.