La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.

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Tras el acampe de 48 horas, el sindicalismo combativo y varias organizaciones de desocupados llaman a una jornada de lucha para el martes 24 de septiembre.
Con el objetivo de "enfrentar el ajuste del Gobierno y el FMI", el denominado "Sindicalismo Combativo" y el Frente Piquetero resolvieron este fin de semana en un plenario la convocatoria a una jornada nacional de lucha para el martes 24 de septiembre.
"La importancia de este Plenario Nacional resalta por su representatividad y su masividad. En Pilar debatieron los sindicatos, comisiones internas y el movimiento piquetero clasista que cree que hoy más que nunca el movimiento obrero ocupado y desocupado tiene que ponerse en pie", sostuvo el dirigente del movimiento social Polo Obrero, Eduardo Belliboni.
El referente de la agrupación que esta semana encabezó la instalación de un acampe de dos días frente al ministerio de Desarrollo Social, remarcó que los participantes de la reunión definieron un pliego de reivindicaciones que contempla "la reapertura de paritarias, el aumento del salario mínimo y jubilaciones, y la ampliación de los programas sociales para los desocupados".
"Es la hora de que los trabajadores ocupados y desocupados unamos fuerzas por trabajo genuino y en la emergencia apertura de los programas sociales, el aumento de la provisión de alimentos y su entrega inmediata a los comedores populares".
Belliboni precisó que las organizaciones sociales que integran el Frente Piquetero se reunirán el lunes, en un local de Mitre al 2100, para definir la continuidad de "un plan de lucha unitario".
"Vamos a discutir cuáles serán las acciones que tomaremos si no hay respuestas a nuestras demandas de parte de los funcionarios de Desarrollo Social. Reclamamos aumentos en las asignaciones, incrementos en la provisión de alimentos y apertura de los planes", indicó Belliboni, quien no definió si se realizarán nuevos campamentos.
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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