El Gobierno derogó este viernes un decreto bajo la presidencia de Mauricio Macri sobre política migratoria, al entender que esa norma "resulta irreconciliable con la Constitución y el sistema internacional de protección de los derechos humanos", medida que fue respaldada por Amnistía Internacional (AI) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

El Decreto 138 publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Alberto Fernández y los ministros de su Gabinete deroga el Decreto 70/2017, que modificó aspectos de la Ley 25.871 que establece el régimen de la política migratoria.

A través de un comunicado, Amnistía Internacional respaldó la determinación oficial, en virtud de que el decreto derogado "violaba los derechos humanos de los migrantes y se transformó en un hito en el retroceso de la política migratoria argentina".

"Desde el minuto uno, se generó una amplia movilización de la sociedad civil y se realizaron múltiples denuncias contra la Argentina de parte de organismos internacionales", dijo a Télam la directora de Política y Justicia internacional de AI Argentina, Mariana Fountoura Marques.

La nueva normativa restituye "la vigencia de las normas modificadas, sustituidas o derogadas por el Decreto 70" y crea una "Comisión Asesora de Política Migratoria que propondrá medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones 25.871".

Asimismo, el CELS también apoyó la decisión al considerar que implica "un paso fundamental para garantizar más igualdad de derechos, el derecho a migrar y la obligación del Estado de regularizar".

 

"El DNU 70/2017 significó un claro retroceso en los derechos de migrantes en los últimos cuatro años y fue parte de una política de exclusión social que vinculó de forma directa a las personas migrantes con la comisión de delitos y que argumentó que por eso había que expulsarlos de manera inmediata", indicó el CELS en su cuenta de Twitter.

Además, el decreto derogado "significó un giro en el rol que Argentina mantenía a nivel regional y mundial desde la Ley de Migraciones en 2004" y "formó parte de una tendencia que aumentó la discrecionalidad de los Estados para controlar, detener y expulsar migrantes", aseguraron desde el CELS.