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En el día de ayer tuvieron lugar las elecciones generales en Bolivia. En lo que era un pésimo antecedente en términos de transparencia, tuvo lugar una carga única de datos donde el Órgano Electoral Plurinacional comunicó los resultados del 83,76% de las actas verificadas.
Con ese caudal de datos y tras las palabras de los dos principales candidatos quedó planteado un escenario: Evo Morales y Carlos Mesa se disputarían la presidencia de Bolivia en el marco de la segunda vuelta electoral.
Ahora bien, esto no quedó confirmado, básicamente porque el candidato Morales alcanza al momento el 45,28% de los votos (2.256.603) en tanto que Mesa, aspirante desde Comunidad Ciudadana, obtiene el 38,16% (1.901.891) de las voluntades.
Según el artículo 166 de la Constitución será proclamada a la Presidencia y Vicepresidencia la candidatura que haya reunido el 50% más uno de los votos válidos; o que haya obtenido un mínimo del 40% de los votos válidos con una diferencia de al menos 10% en relación a la segunda candidatura.
Osea que a falta de algo más del 15% de las actas escrutadas, la duda pasaba (y todavía pasa) por si con el ingreso de los votos restantes Evo lograría ser reelecto en esta instancia y evitar así una segunda vuelta programada para el 15 de diciembre.
"Son cuatro elecciones consecutivas que ganamos. Y lo más importante, hermanas y hermanos, nuevamente tenemos mayoría absoluta en las cámaras de Diputados y Senadores. Ese es el resultado de la conciencia del pueblo boliviano", marcó el Presidente desde sus redes sociales, sin reconocer un escenario de segunda vuelta.
Por su parte, Carlos Mesa se pronunció desde sus redes sociales y afirmando el futuro ballotage, marcó: "Gracias Bolivia, vamos a recuperar la democracia".
Pero hace instantes y tras la suspensión por más de 12 horas en la carga de datos, el propio Mesa sostuvo: "Hago un llamado a la movilización democrática de Comunidad Ciudadana, Comités Cívicos, partidos políticos y del CONADE, para que estemos en todos los tribunales electorales departamentales y en el Tribunal Superior Electoral para impedir que se repita un #21F".
La ley electoral boliviana establece un plazo de hasta cinco días hábiles para finalizar los cómputos departamentales oficiales y otros tres días más para los nacionales, un máximo de ocho días.
Al momento entonces, en una región convulsionada desde diferentes planos, el futuro político boliviano permanece como un interrogante.
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