El presidente del Reino de España, Pedro Sánchez, cerró el congreso que durante tres jornadas se realizó en la ciudad de Valencia y como punto de encuentro de militantes y funcionarios del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), espacio que representa quien preside el país desde junio de 2018.

En un discurso que estuvo precedido por mensajes de socialdemócratas en ascenso en todo el mundo, como el alemán, Olaf Scholz, futuro canciller de Alemania, pero así también de figuras más consolidadas como el brasileño Lula da Silva, el también secretario general del PSOE reivindicó su mandato y planteó los lineamientos del espacio hacia el futuro.

Tras la legalización de la eutanasia y el aumento del salario mínimo, Sánchez prometió que buscará "abolir" la prostitución porque, según marcó ante los allí presentes, "esclaviza" a las mujeres.

¿En qué contexto toma lugar este anuncio? En buena medida tras lo que fue la presentación por parte del ministerio de Igualdad del proyecto de ley conocido como Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, el cual puso en agenda si es necesario o no abolir la prostitución, una actividad que en España es alegal, es decir, no está prohibida, pero tampoco regulada como actividad económica.

Lo que la futura ley implicaría en la inclusión del Código Penal es la idea de “tercería locativa”, una figura que permitiría castigar con penas de prisión a los propietarios de los locales que lucran con la prostitución.

España buscará entonces salir de esa situación de nula regulación sobre lo que al menos desde un informe del diario El Mundo, se estima que son un total de 100.000 mujeres que ejercer la prostitución, contemplando que cerca de un tercio, son víctimas de la trata de personas y obligadas a desarrollar esta actividad contra su voluntad.

Ahora bien, además de lo que pasa en Europa está lo que viene pasando en España, particularmente con OTRAS, el sindicato de trabajadoras sexuales que nació en 2018 pero que en un primer momento fue declarado nulo por la Audiencia Nacional, considerando que la prostitución no es un trabajo y, por tanto, no pueden regularse sus condiciones laborales.

Pero en junio de 2021, una sentencia del Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial del Reino, corrigió este fallo y reconoció el derecho de las prostitutas que ejercen por cuenta propia a formar un sindicato.

Desde el punto de vista de entidades como OTRAS, resulta primordial diferenciar entre prostitución voluntaria y obligada (o trata), entendiendo que la alegalidad es una situación ambigua, pero con un costado positivo y es que por lo menos, ahora no hacen nada fuera de la ley y por tanto no pueden ser detenidas. 

Restará saber cómo se recibe la iniciativa del presidente Sánchez que claramente va en una dirección opuesta a esta lectura y que, por sobre todas las cosas, vuelve a poner en agenda una temática que, así como ocurrió con el debate por la eutanasia, genera reacciones muy pasionales y que en este caso, al menos de momento, no ofrece alternativas para quienes se encuentran en esta delicada situación.