En un estudio publicado por el Instituto Nacional para las Políticas Públicas, Patrice Franko y Mónica Herz, especialistas en el área de la Defensa, analizan el caso de la industria militar en América del Sur, diagnosticando que las Fuerzas Armadas del siglo XXI y sus capacidades se han visto diezmadas como resultante de las cíclicas crisis económicas que la región tiene en sus haber. 

El informe en cuestión lo cita el vicerrector de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), Juan Gabriel Tokatlian, quien advierte este escenario en lo que para el proceso de redemocratización regional iniciado sobre la década de 1980 presenta como historial reciente la hiperinflación de fines de los 80, el desplome socioeconómico de comienzos de siglo, la gran recesión del 2008 y claro, la pandemia del coronavirus. 

En esta línea explicativa se plantea a su vez el entendimiento de un obstáculo, incluso mayor al económico y su consecuente desidia en materia de inversión, supeditado en el caso singular de la Argentina con la memoria colectiva referida al terrorismo de Estado transitado y el impedimento que esto supone al momento de buscar acceder a un debate plural sobre el rol de la Defensa en el país. 

Lo cierto es que el necesario desmantelamiento del “poder militar” fue un rasgo distintivo de la “transición” argentina. Con sus vaivenes, fue una obra conjunta de las organizaciones de la sociedad civil y los sucesivos gobiernos. 

El contexto sudamericano actual permite sopesar la hondura de ese legado con beneplácito, así como también comenzar a pensar en una agenda de Defensa nueva, del siglo XXI. 

En esta línea y atentos al por demás lejano 2019 que advierte Agostina Dasso, lo cierto es que desde una perspectiva regional (con las excepciones y particularidades lógicas del caso) se puede afirmar que los uniformados irrumpieron en las calles otra vez. Llamados por el poder político, aparecieron en las fotos, detrás de los escritorios y dentro de los tanques. 

El 2020 trae nuevamente a estos actores a escena. Esta vez, responden al llamado político por motivos diversos y sin signos ideológicos. Lo que acecha no es el descontento social sino, acaso, un enemigo invisible. El contraste es chocante y el tiempo es un falso dilema, precisa Dasso. 

Las fuerzas militares gravitaron en el pasado reciente así como hoy día como factor de decisión en numerosos gobiernos de la región que poco o nada se parecen entre sí. 

Para una región con experiencia de sobra en este sentido es que la militarización se presenta como un proceso sociopolítico donde se acepta la intervención de los militares en la resolución de los distintos problemas de una sociedad, a tal punto que su presencia en este sentido se termina naturalizando. 

Pero el caso de la Argentina, así como fuera evidenciado en los resultados electorales obtenidos a contramano de la recomposición neoliberal cíclica que la región transita, presenta diferencias estructurales significativas con esta realidad advertida. 

En diálogo con Filo.News, el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, único funcionario que retornara con Alberto Fernández a la cartera ocupada durante la segunda administración de Cristina Kirchner, precisó los antecedentes que hoy permiten dar cuenta del rol de las Fuerzas Armadas en la región, así como las singularidades de la Argentina. 

“En donde se dio la reaparición de las Fuerzas Armadas como ese viejo actor político de la década de los ´70 fue en aquellos países en donde existía la menor subordinación sobre  la conducción civil de la defensa”, comentó Rossi. 

En este sentido, el ministro precisó: “La Argentina me parece que está en otro lugar sin ninguna duda. Tanto los políticos como los militares estamos acomodados a esto que significa la conducción civil de la defensa y que las Fuerzas Armadas se sienten cómodas en ese sentido (...) Veo lejos a las Fuerzas Armadas de las situaciones que pasan en el resto de los países de América Latina”. 

Es en este plano que Rossi entiende que el escenario de la pandemia ha evidenciado las necesidades, de una vez por todas, en alcanzar una política de Defensa definida: “Esa política de Defensa tiene que ser una política que cuente con un instrumento militar, que esté integrado por hombres y mujeres, instruidos, formados, capacitados, con compromiso con la democracia y con los derechos humanos”. 

En la Argentina, el personal de las Fuerzas Armadas ha dispuesto la producción y distribución de alcohol en gel, mascarillas y trajes en fábricas militares, al tiempo que han sido protagonistas en las tareas de repatriación de ciudadanos y apoyo a las fuerzas de seguridad en tareas de contención social.

“Hoy todos los argentinos han visto un rol de las Fuerzas Armadas que no lo tenían visto y que ese rol lo ven ponderadamente, que las Fuerzas Armadas cuando van a un lugar terminan siendo aplaudidas por el conjunto de los vecinos o de los ciudadanos y que generan mucha empatía”, refirió el funcionario. 

Por su parte el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, General de Brigada Agustín Humberto Cejas, consultado al respecto de si la pandemia es una oportunidad para superar las diferencias con la sociedad consideró que se trata de “una gran oportunidad”. 

Advirtiendo las diferentes percepciones en el interior del país con las grandes ciudades, Cejar refirió en diálogo con Infobae que “lo que es lamentable es que tengamos que vivir circunstancias extremas o negativas como estas para advertir la importancia de la capacidad del Ejército para proporcionar apoyo”. 

Precisando las más de 7.000 tareas realizadas desde el inicio de la pandemia, el ministro Rossi marcó su expectativa de que este escenario permita “entrar a esta discusión que espero sea de consenso desde un piso más alto desde esta consideración positiva de la sociedad de las Fuerzas Armadas”. 

La discusión a la cual refiere es aquella que busca actualizar la ley que regula los derechos y obligaciones del personal de las Fuerzas Armadas, sancionada más de medio siglo atrás en tiempos en que el Teniente General Alejandro Agustín Lanusse era Presidente. 

Con tal propósito es que sobre mediados del mes de mayo se constituyó una Comisión que por 120 días abordará y diseñará propuestas legislativas sobre esta intencionalidad, siendo su objetivo constitutivo el lograr los consensos necesarios para tener viabilidad legislativa. 

Es bajo este escenario que el país requiere comenzar un diálogo abierto al respecto, sabiendo que las urgencias pasadas y presentes reconfiguran sus formas pero no así sus intensidades, como tampoco lo hacen los desafíos futuros. 

Como marcara Tokatlian, posponer o eludir la deliberación sobre la defensa nos conducirá muy pronto a la indefensión y la irrelevancia. Hacerlo, no implica abandonar la política de derechos humanos que nos caracteriza y constituye.