Luego de que el juez federal Ariel Lijo solicitara de manera "urgente" el audio de las polémicas declaraciones, y de que el Gobierno anticipara que llevará el asunto a la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Eugenio Zaffaroni suma un nuevo revés a su lista: el pedido del Canciller Jorge Faurie de que el titular de dicho tribunal intervenga en el caso.

A través de una carta enviada a Francisco Eguiguren fechada el lunes 19 de febrero, Faurie expresó que el Gobierno espera "encontrar la debida consideración por parte de esa Corte en el marco de la potestad disciplinaria que le es propia" al "formular la denuncia" sobre los dichos de uno de sus miembros.

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En consideración del funcionario, las expresiones de Zaffaroni son "incompatibles con la conducta que deben observar quienes ostentan la alta función jurisdiccional internacional de ese cuerpo, siendo que además ellas expresan posiciones antidemocráticas y que atentan contra el Estado de Derecho".

En otro apartado, Faurie destacó la postura que el ex juez de la Corte Suprema reveló tener ante causas que actualmente se tramitan en la Justicia argentina en frases tales como "la detención de (Milagro) Sala es arbitraria"; "el Estado está respondiendo (ante la desaparición de Santiago Maldonado) de una forma que me recuerda a (Jorge) Videla" y "tenemos un Estado de Derecho deteriorado y se puede dar cualquier cosa", por una hipotética detención de Cristina Kirchner.

También cita otra oración en la que Zaffaroni sostuvo que la detención del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido "fue absurda, un show mediático" y que "indiscutiblemente hay un sector del poder judicial que está cogobernando o acompañando al Gobierno".

Para Faurie, las declaraciones del letrado son "incompatibles con las obligaciones que el Estatuto de esa Corte impone a los jueces miembros para el desempeño de esa magistratura".

Remitida a su vez a la Organización de los Estados Americanos (OEA), la misiva también apunta que los decires del magistrado "presentan una visión antidemocrática que los argentinos hemos dejado definitivamente atrás". 

A su vez, asegura que la postura de Zaffaroni "resulta contraria a los principios en que se funda la Organización de Estados Americanos, consagrados en su Carta, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos que esa Corte -y por añadidura los jueces que la integran- tiene por función garantizar".