La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.

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Con un amplio y transversal, el diputado nacional del Frente para la Victoria Daniel Filmus presentó un proyecto de ley que apunta a garantizar la producción pública de medicamentos para la realización de prácticas farmacológicas de abortos no punibles.
Se trata de los fármacos misoprostol y mifepristona, "medicamentos recomendados por la OMS para una segura interrupción del embarazo en los casos no punibles, con una disminución considerable de los riesgos, así como de los costos del sistema de salud en general", destacó el ex ministro de Educación.
"El propósito de este proyecto de ley es garantizar el derecho de las mujeres al acceso equitativo a los medicamentos recomendados por la OMS para una segura interrupción del embarazo en los casos no punibles", consideró Filmus.
La letra de la iniciativa asigna a la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) la responsabilidad de producir misoprostol y mifepristona y obliga al ministerio de Salud a incluir la provisión de esos medicamentos en el Plan Médico Obligatorio.
El proyecto también garantiza la soberanía en materia de salud.Prevé que los laboratorios de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos produzcan misoprostol y mifepristona, que el Ministerio de Salud Nacional los incluya en el PMO y entre los medicamentos de cobertura gratuita
— Daniel Filmus (@FilmusDaniel) 26 de agosto de 2018
La normativa propuesta va en línea "con las medidas adoptadas por las provincias de Santa Fe y Río Negro, donde se prevé la pronta fabricación pública", destacó Filmus.
En los fundamentos, el proyecto resalta que los abortos realizados por vía farmacológica son menos costosos que "el tratamiento quirúrgico tradicional, porque en su mayoría las interrupciones se realizan de manera ambulatoria y sin generar complicaciones de salud".
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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