A dos días del plazo máximo para lograr un desalojo pacífico en las tomas de Guernica, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof creó ayer a partir del decreto N° 938/2020 del Boletín Oficial de la provincia, el Programa de Asistencia Crítica y Habitacional.

Su objetivo es atender a la población vulnerable de la provincia que necesite asistencia para acceder a una vida digna. La perspectiva del programa busca ser integral, atendiendo las necesidades básicas de alimentación, abrigo, higiene y alojamiento.

El subsidio

La entrega prevista en el programa es de una suma de 50 mil pesos a cada beneficiario, la cual se puede recibir en tres ocasiones, con la posibilidad de hacer una prórroga por tres veces más. A cargo de otorgar los subsidios estará el Departamento de Desarrollo de la Comunidad.

Para el desarrollo del programa se requerirá de una inversión estimada de 54 millones de pesos, por el plazo de tres meses, de octubre a diciembre. Con el fin de sustentarlo se creará el Fondo Especial del Subsidio para la Asistencia Crítica y Habitacional, que va a estar integrado por recursos de Rentas Generales de la Provincia, Aportes del Tesoro Nacional y/o la fuente que el Ministerio de Hacienda y Finanzas crea necesaria.

Pobreza e indigencia en la provincia

Según los datos arrojados en el primer semestre de 2020 por la Encuesta Permanente de Hogares, en la provincia de Buenos Aires la pobreza alcanza al 37,5% de los hogares, lo que equivale a 12.378.996 de personas pobres. Por otro lado, del total de la población bonaerense, el 13,6% son indigentes, es decir, 1.686.279 de personas.

El Programa de Asistencia Crítica y Habitacional alcanzará a las personas que se encuentran hoy en la toma de Guernica que puedan demostrar su situación de vulnerabillidad y también llega a un universo más amplio, dado que busca ser una solución para otros desalojos pacíficos. 

La propuesta será presentada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, a los ocupantes del predio, que tiene como fecha límite para evitar un desalajo forzado hasta el 30 de octubre.