La segunda ola de coronavirus, sus consecuencias sanitarias, económicas y sociales dominan un escenario de urgencias nacionales. Sobre todo en el ámbito metropolitano de Buenos Aires (AMBA), donde se concentra la suba de casos. 

Más allá de la emergencia sanitaria y el “ambacentrismo” permanente de la agenda pública, estamos en tiempos de definiciones impostergables para diseñar el futuro de la estructura económica y comercial de nuestro país. Hoy vence la concesión de la Hidrovía Paraguay - Paraná, por donde salen el 80% de las exportaciones nacionales y se mueve el 90% del tráfico de contenedores.

El grupo de origen Belga Jan de Nul, asociado al local Emepa S.A., controla la concesión del negocio desde el año 1995. En aquel entonces, el presidente Carlos Menem privatizó las tareas de dragado y balizamiento, otorgando el control efectivo de las vías navegables al consorcio belga - argentino.  

 

La tarea de profundización de los ríos y canales que atraviesan el Río de la Plata y el Paraná conecta más de 80 puertos en territorio nacional con el resto del mundo. Se trata de un negocio que deja unos 200 millones de dólares al año por el cobro de peajes para el consorcio Hidrovia S.A. 

Un río privado

En estas rutas navegables se calcula que circulan 70.000 millones de dólares anuales del comercio exterior argentino. Por la hidrovía transitan los “agrodólares” que tanta falta le hacen a las reservas del Banco Central.

La decisión del Gobierno menemista no implica sólo la entrega del negocio de dragado y balizamiento. La cesión del control de las vías navegables cuesta soberanía nacional y millones de dólares por año al Estado por la absoluta falta de controles.  

El control privado sobre las exportaciones que desembocan en el Océano Atlántico es total. Además de las vías fluviales, los puertos privados dominan la carga y descarga. Las cerealeras despachan sus productos en puertos que le pertenecen. Las únicas estadísticas existentes provienen del pesaje sin ningún tipo de fiscalización y la emisión de declaraciones juradas que centraliza la Bolsa de Comercio. 

El régimen de la declaración jurada deja sin herramientas al Estado. De esta forma, las cerealeras acuden a maniobras contables para ocultar el origen de los granos. Mediante un entramado de operaciones cruzadas entre sociedades de un mismo holding, radicadas en paraísos fiscales, se minimiza o evade el pago de impuestos a través del esquema de precios de transferencia o de subfacturación.

El Paraná es el tercer río más navegable del mundo. Pero el descontrol que nos dejó la cesión de sus aguas es tal, que Argentina ni siquiera tiene una flota fluvial de bandera nacional patrullando sus vías. 

El rol del Estado

La fecha de vencimiento de la concesión a Hidrovía S.A. estaba establecida por contrato y el futuro de las vías navegables figuraban en los radares del Gobierno desde el año pasado. 

Con la mira puesta en lo desarrollado anteriormente, Alberto Fernández propuso en agosto avanzar hacia una nueva licitación, pero a partir de condiciones diferentes a las del menemismo. El proyecto consistía en crear una sociedad entre el Estado nacional y los Estados provinciales, encargada de llevar adelante la licitación de la hidrovía.

Sin embargo, el 26 de noviembre del año pasado el ejecutivo emitió el decreto 949/20, que llama a licitación internacional para la realización de obras con peaje en la hidrovía, eliminando la participación del Estado.

Al parecer, avanzar hacia una tarea tan elemental como controlar el pesaje de la mercadería exportada fue un intento demasiado audaz. Por su parte, la Unidad de Información Financiera (UIF) viene intentando intervenir en el proceso de licitación. La entidad encargada de la prevención e impedimento del lavado de activos y los delitos económico-financieros complejos podría encargarse de supervisar prácticas conocidas como el contrabando, la evasión tributaria y el narcotráfico.

Un ejemplo para terminar de tomar dimensión del descontrol: el 12 de febrero fueron secuestrados 16.174 kilos de cocaína en Hamburgo, Alemania. La barcaza había zarpado el 18 de diciembre del 2020 del puerto de Asunción, transportando cinco contenedores de latas de pintura llenas de droga por la hidrovía. El cargamento más grande de cocaína en la historia europea pasó por el Paraná sin ninguna sospecha.

Al momento, la inclusión de la UIF dentro del proceso de licitación para vigilar estas cuestiones no está definida.

Prórroga y debate

Esta semana, Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas que oficia de forma interina el cargo de ministro de Transporte, prorrogó la actual concesión por 90 días. De esta manera, busca ganar tiempo para encarar la licitación.

Así, la sociedad entre Jan de Nul y Emepa S.A. extenderá un poco más su dominio de 25 años sobre el Paraná. El contrato que iba a durar una década se extendió por un cuarto de siglo luego de cuatro renegociaciones en 1997, 2002, 2005 y 2010. 

Un aspecto llamativo dentro de la última prórroga: el dueño de Emepa, Gabriel Romero, se presentó como arrepentido en la “Causa de los Cuadernos”, donde declaró haber pagado al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner 600.000 dólares en soborno para obtener una extensión por 11 años más a cargo de la concesión.

El Gobierno se muestra decidido a cambiar los nombres propios a cargo del dragado y balizamiento del Paraná, sin modificar la estructura impuesta por el menemismo en el 95.

Pese a esto, hay voces dentro del propio oficialismo que continúan presionando por incorporar al Estado en el esquema. Al dictamen del Senado al proyecto de ley para crear una bicameral que supervise el proceso de licitación, esta semana se sumó un pedido de dos diputados que integran el Frente de Todos para estatizar la red fluvial.

"Muchas somos las voces que decimos que estamos ante una posibilidad histórica de recuperar soberanía. El Estado Nacional, junto a las provincias, podría conformar la Hidrovía Sociedad del Estado, como inicialmente había anunciado en octubre del año pasado en Santa Fe el presidente", señala el comunicado firmado por Juan Carlos Alderete.

La urgencia de la situación sanitaria, económica y social, además de los intereses en juego, lleva a que el futuro de la Hidrovía no ocupe el lugar que se merece en el debate público. Pero la falta de dólares crónica, agravada en los últimos años, nos obliga a discutir alternativas para el destino del canal por excelencia del comercio exterior.

El Gobierno apunta a revertir la escasez de divisas a través de esquemas de exenciones fiscales, facilidades impositivas y subsidios, con el objetivo que multinacionales inviertan, exporten y dejen algunos dólares.

Pero este proceso puede llevar mucho tiempo hasta ver sus resultados. En este momento el país tiene la oportunidad de controlar su comercio exterior, frenar los miles de millones de dólares que se escapan en evasión, subfacturación y contrabando, y recaudar en el corto plazo los fondos necesarios para hacer frente a las urgencias.