Se reanudó este lunes el juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, donde se juzga a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros doce imputados, con el alegato del fiscal Diego Luciani.

El representante del Ministerio Público Fiscal comenzó con fuertes críticas a la Unidad de Información Financiera (UIF), que, en julio, pidió la absolución de la ex presidenta y del resto de los imputados.

"Tergiversaron el valor real de las pruebas. Era necesario que explicara los motivos por los que descartó la prueba, y eso no lo hizo. Su alegato fue tan vago y carente de rigurosidad, que hasta pone a la defensa de los imputados en la dificil situación de determinar de qué defenderse", sostuvo.

"Este Ministerio Público Fiscal, a diferencia de la UIF, tiene acreditado que entre 2003 y 2015, funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares. Se trató de una organización ilícita piramidal que tuvo en su cúspide a quienes se desempeñaron como jefes de Estado y fue interpretada por funcionarios públicos, que, en paralelo al plano legal, pero valiéndose de las competencias que le daba el poder político que ejercían, prestaron los aportes necesarios para que la maniobra pudiera llevarse a cabo", afirmó.

Y subrayó: "Al asumir Néstor Kirchner, y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente se han desarrollado en el país".

El fiscal hizo hincapié en los perjuicios económicos y financieros que, a su juicio, provocaron las supuestas maniobras por las que se acusa a la vicepresidenta. "La finalidad de esta asociación, consistió en la detracción de fondos del Estado para un beneficio particular o de un tercero", señaló.