La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.

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El Gobierno bonaerense volvió a extender hasta el 9 de octubre el proceso de reestructuración de deuda bajo legislación extranjera por u$s 7.148 millones.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció este lunes una nueva prórroga del plazo de vencimiento del canje de deuda bonaerense bajo legislación extranjera por u$s 7.148 millones. Esta séptima extensión fija como fecha límite el 9 de octubre para avanzar en el diálogo con los bonistas.
“En este período el equipo del Ministerio de Hacienda y Finanzas continuará manteniendo conversaciones con los acreedores privados externos para poder alcanzar un acuerdo acorde con la capacidad de pago de la Provincia y que permita recuperar la sostenibilidad de la deuda pública”, indica el comunicado.
La estrategia bonaerense se da en conjunto con el Ministerio de Economía nacional y es seguida con lupa por el resto de los gobernadores, ya que marca el pulso de otras reestructuraciones provinciales, con el viento a favor generado por el acuerdo por la deuda nacional por u$s 66.300 millones del 4 de agosto. Con el titular de la Unidad de Apoyo de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial, Rafael Brigo, como hilvanador de consensos, los mandatarios apuestan a conseguir mejores plazos y tasas tras el entendimiento nacional, respecto de un volumen de deuda que involucra unos $ 11 mil millones.
El plazo para adherir al canje bonaerense venció el pasado viernes, donde la administración provincial volvió a estirar el anuncio del próximo paso hasta el lunes siguiente. Se trata de la séptima extensión que aplica en el marco del canje ofertado el pasado 23 de abril, de la mano de todo un proceso hilvanado en sus detalles finos en coordinación con el ministro de Economía nacional, Martín Guzmán.
La propuesta original incluye un período de gracia de 3 años, una quita de intereses de 55% y de 7% de capital y una extensión de los plazos de vencimientos, con la mirada puesta en reducir en $ 5 mil millones la carga total de la deuda en el período 2020-2030.
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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