En palabras de los protagonistas de estas elecciones es que en estas últimas semanas empezó a hablarse de lo que va a ser el conteo provisorio de los votos en las próximas elecciones con dos palabras: fraude y manipulación. 

Ambas vinculadas a la novedad que va a presentar este primer llamado electoral a tener lugar el próximo 11 de agosto que es que la empresa Smartmatic va a reemplazar a la española Indra, la cual desde el año 1997 a la fecha brindó el servicio logístico y tecnológico en los comicios argentinos.

Con la licitación que tuvo lugar a comienzos de año es que esta empresa venezolana con un costo operativo de 16.899.920 dólares va a ser la encargada de escanear y transmitir los datos que se desprenden de las actas de escrutinio. 

En las últimas horas la Cámara Nacional Electoral solicitó al Gobierno tomar las medidas solicitadas por la oposición para garantizar la transparencia del escrutinio provisorio de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

La resolución del tribunal integrado por los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía atendió el planteo hecho por el Frente de Todos y Consenso Federal que cuestionaron varios elementos del nuevo sistema de digitalización de telegramas y transmisión de resultados.

¿Cuál es el problema? Lo que cambió para esta elección es que los telegramas con los votos de cada mesa van a ser transmitidos desde cada escuela de forma digital hacia los centros de cómputos. 

Antes, los telegramas se mandaban en camioneta al Correo, donde se digitalizaban, y desde ahí se enviaban a los centros de cómputos de la Dirección Nacional Electoral.

Además, el “código fuente” del software SmartTally es cerrado. Esto significa que sólo la empresa puede observarlo o controlarlo, haciendo imposible su fiscalización por parte de los partidos políticos.

En esta nueva acordada, la Cámara resolvió "hacer saber al Correo Oficial de la República Argentina y a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, que deberán arbitrar los medios para asegurar –como mínimo- las instancias de fiscalización del recuento provisional de resultados" pedidas por los apoderados de los frentes opositores.

Entre esas medidas, el tribunal le pidió al Correo y la Dirección Nacional Electoral que arbitren "un mecanismo de acreditación previa de los fiscales partidarios autorizados a presenciar el escaneo y transmisión desde los establecimientos de votación".