El asbesto ha motivado numerosas protestas y huelgas en el sistema de subtes de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, a través de SBASE (Subterráneos de Buenos Aires), el Gobierno porteño demandó al Metro de Madrid por venderle vagones contaminados.
La presentación penal se extiende por 84 páginas y sostiene que los 36 coches fueron comercializados de forma 'ilícita' por contener el material cancerígeno, prohibido en más de 50 países desde hace 2 décadas y en Argentina desde 2001.
La venta se concretó en 2011, cuando SBASE adquirió los trenes de segunda mano del subte madrileño, los CAF 5000, que habían sido fabricados en los años '70, cuando el amianto o asbesto no estaba prohibido. Fueron destinados a la línea B, una de las más utilizadas y se calcula que habría afectado a las 763 personas que entonces trabajaban en sus talleres, estaciones y trenes.
Para la firma demandante, se trató "de una actuación incalificable, ilícita, irresponsable y de mala fe" por parte del Metro de Madrid, ya que todos los tipos de amianto causan cáncer de pulmón, mesotelioma, cáncer de laringe y de ovario, y asbestosis (fibrosis de los pulmones).
"Desde que trascendió en España la presencia de asbesto en las formaciones CAF 5000 sacamos los trenes de circulación inmediatamente. Formamos una comisión técnica con áreas de salud del Gobierno y los trabajadores para acompañarlos en este proceso. Además encaramos un proceso de desasbestización en conjunto con ellos", declararon a Télam por su parte fuentes del Gobierno porteño.
"En la demanda, se pide la 'nulidad' del contrato ya que la comercialización de unidades con ese material estaba prohibida en ambos países y no se realizó ninguna advertencia expresa acerca de la presencia de ese mineral", explicaron. En ese sentido, consideran que los 15 millones de euros son una suma "justa reparación por los evidentes y cuantiosos daños y perjuicios provocados como consecuencia de estos hechos".
En tanto, desde la defensa de SBASE apuntan que sufrieron "un grave coste reputacional" por los hechos y aseguran que la firma madrileña estaba al tanto de la presencia de amianto en los coches que vendió, pero nunca se hizo cargo.
Además, en el escrito señalan que las formaciones debieron pasar por un proceso de "adaptación" para poder circular en las vías del subte porteño y que tampoco en esa instancia se hizo mención a la presencia del material cancerígeno ni se recomendó su extracción.
Desde el Metro de Madrid manifiestan que aún no recibieron la notificación judicial, por lo que desconocen los términos de la demanda, pero aseguraron que colaborarán con la justicia aportando toda la información y documentación necesaria.
