Acusada de ser jefa de una asociación ilícita, coautora de “fraude a la administración pública” y coautora de “extorsión en concurso real”, en el día de ayer se conoció el fallo sobre Milagro Sala que dictaminó la pena de 13 años de prisión en la causa "Pibes Villeros".

En este sentido fue que se pronunció la letrada de Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, quien precisó sobre la composición del Tribunal, así como el futuro de esta y las restantes causas que pesan sobre la dirigente social.

“Uno podía decir antes ´hay tres jueces que dictaron una condena entonces debe haber algún grado de verosimilitud´ más allá de que después hay muchas sentencias que se revierten en otras instancias superiores”, partió por señalar Gómez Alcorta.

No obstante, la letrada sostuvo que los detalles de la composición del Tribunal fueron inadmisibles:  “Cuando vos te presentas en un escenario de tanta persecución, con jueces donde ninguna de las tres juezas integran ese Tribunal, que esas juezas rindieron concurso y reprobaron. La que presidió, dos veces rindió y sacó menos de cuatro y se la designa a dedo, se da una situación casi burda”.

“Pensar que mañana se cumplen los tres años como plazo máximo e improrrogable, es decir, si para mañana Milagro no tenía una condena, quedaba en libertad”, destacó.

Fue a raíz de esto que la representante de Sala sostuvo que “las chances que había de que el Poder Judicial de Jujuy pudiera cumplir con las reglas en muchas cuestiones técnicas eran mínimas”.

“También hay que recordar que cuando se la absolvió a Milagro en el mes de diciembre, el mismo día el gobernador desde su tweet personal, pero también desde la página oficial de la gobernación, sacaron un comunicado criticando a las juezas que habían dictado la absolución”.

“Esa idea, ese imaginario de que el Poder Judicial es un ámbito donde uno puede o debe esperar que se haga justicia, no existe más”, lamento la abogada. 

En diálogo con la AM 530, Alcorta cerró afirmando que Sala es una presa política, entendiendo que “su participación en los procesos no están vinculados a cuestiones jurídicas, sino están vinculadas a cuestiones políticas, por lo tanto, la solución es política”.

“No vamos a permitir impunidad para quienes hayan intervenido de esta forma. Lo que estaba en juego es si Gerardo Morales podía ser gobernador o no”, sentenció la abogada.