Desde el 1 de septiembre hasta el 4 de octubre, la Provincia de Buenos Aires ha recibido casi 2400 llamados directos a institutos o a la Policía advirtiendo de la presencia de explosivos en las instituciones, lo que obligó a un despliegue impresionante por protocolo.

Brigada de explosivos, fuerzas policiales, bomberos y Defensa Civil son los encargados de acudir ante las amenazas, más allá de que se confirmó que la mayoría de ellos fue realizado por alumnos, y es por eso que el Estado busca una solución.

En total, se informó que se llevan gastado unos 60 millones de pesos, ya que a cada operativo le corresponde una suma cercana a los 25 mil pesos. Ante esto, las autoridades buscan que los padres o tutores de los menores se hagan cargo de la situación.

"Una amenaza de bomba no es una broma, es un delito. Se trata de un acto de intimidación pública penado por la ley", expresó el pasado jueves el ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo, tras brindar los primeros datos de los operativos posteriores a los llamados.

De los últimos llamados, se han detenido a sospechosos mayores de edad, a partir de la identificación del móvil sobre el que se registró la misma. Sin embargo, muchos tienen hijos que afirmaron ser los autores materiales del llamado en carácter de broma. 

Quien también se refirió al tema que preocupa a colegios, padres y alumnos fue la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que remarcó que "va a tener consecuencias penales, y en algunas provincias las consecuencias las tendrán los padres".