Este miércoles, el canciller mexicano Marcelo Ebrard habló sobre la posibilidad de ir legalmente en contra del gobierno de Estados Unidos mediante el artículo 23 del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y EEUU.

Esta advertencia se enmarca en algunas declaraciones del gobernador del estado de Nebraska, Pete Ricketts, en las que afirmó que los trabajadores de la industria empacadora de carne, de buen porcentaje migrante y caracterizada como prioritaria en la lista de vacunación contra el COVID-19, sólo podrán acceder a la vacuna si son residentes legales del país.

"Para poder trabajar en esas plantas se supone que debes de ser un residente legal del país (...). Así que no espero que los inmigrantes reciban la vacuna como parte de este programa", afirmó Ricketts antes de ser fuertemente repudiado por el pueblo mexicano.

Si bien Taylor Gage, director de comunicaciones, salió a aclarar que no se le negará la vacuna a "personas indocumentadas", aseguró que Nebraska "priorizará a los ciudadanos y residentes legales por encima" por encima de los primeros.

Tras todos estos entredichos, Ebrard declaró: "Consideramos que cualquier exclusión a trabajadores mexicanas o mexicanos, es una violación al Tratado de Libre Comercio en el apartado de derechos laborales. Y, por consiguiente, estaríamos aplicando las disposiciones que también se acordaron entre ambos países para que México pudiera iniciar los procedimientos correspondientes".

Sobre el artículo mencionado previamente, el Secretario de Relaciones Exteriores informó: "¿Qué dice? ‘Cada parte, México y Estados Unidos, asegurará que los trabajadores migrantes estén protegidos conforme a sus leyes laborales sean o no nacionales de la parte’. Esto fue algo que México exigió mucho y así quedó establecido".