En el día de ayer, a través de una conferencia de prensa desde la Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández anunció la intervención estatal de la empresa Vicentin. Roberto Gabriel Delgado, quien fue Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación entre 2013 y 2015 será el interventor designado por el ejecutivo. 

Se trata del paso previo y transitorio hasta que se apruebe el proyecto de Ley de expropiación enviado por Fernández al Congreso. Ya que hasta el momento este proyecto no se conoce, no tenemos herramientas suficientes para analizar el proceso de estatización. Sin embargo, resulta interesante analizar los motivos y el proceso que llevó al Gobierno a tomar esta decisión. En la conferencia, el presidente repitió mucho la palabra "rescate". Empecemos por ahí. 

Deuda y quiebra

La palabra elegida por Alberto Fernández no es casual: Vicentin se encuentra quebrada. En diciembre de 2019, la empresa santafesina entró en cesación de pagos. La deuda total del grupo se estima en u$s 1.350 millones. De ellos, unos u$s 1.000 millones corresponden a pasivos con entidades financieras y los u$s 350 millones restantes con productores agrupecuarios que venden sus productos a la firma. 

La deuda más importante de la alimenticia es con el Banco Nación. Se estima en u$s 350 millones. Incluso, la línea de crédito otorgada por la banca pública está siendo investigada por estar plagada de irregularidades. Se otorgaron créditos millonarios durante un año electoral, luego de conocerse que la administración nacional saliente no tendría que reclamar por ellos. No se requirió la integración de garantías hipotecarias, lo cual dejó al banco desprotegido para cobrar sus acreencias. En suma, las operaciones del Nación con Vicentin dañan severamente la cartera de la entidad pública. 

Al hablar de "rescate" podemos asumir que el Estado absorberá estas deudas millonarias y, en el caso del BNA, aparentemente fraudulentas. ¿Nos haremos cargo del total de la deuda de Vicentin? ¿O sólo de una parte? resta esperar que tiene para decir el proyecto de Ley. 

La empresa

Como vemos, los pasivos de la empresa son importantes. Sin embargo, la firma santafesina es un jugador de peso en el mercado de alimentos argentino. Las dimensiones de la compañía fueron estudiadas en un informe elaborado por el Gobierno para tomar la decisión, al cual Filo.News tuvo acceso. El Grupo Vicentin cuenta con cerca de 6.000 trabajadores propios. Además, unos 2.600 productores pequeños y medianos dependen de la compañía a la cual le venden su producción.

Según este informe, se trata de la sexta empresa agroexportadora del país. Es el principal jugador dentro del negocio de la molienda de oleaginosas, con una capacidad de 29.500 toneladas diarias, con ventas por u$s 3.000 millones durante los últimos tres ejercicios, siendo el 85% proveniente de exportaciones. Además, se trata de la firma más importante de molienda de granos, en términos de capacidad instalada. 

"Los pasivos financieros representan un 20% del total de la facturación, con lo cual todo indica que la situación de liquidez y endeudamiento era razonable y controlada”, señala el informe del Gobierno. ¿Cómo es posible que una empresa de estas características esté quebrada? 

"Soberanía alimentaria" 

Hasta aquí, los datos conocidos. Veamos los objetivos que explicitó el ejecutivo al tomar la decisión de intervenir. Alberto Fernández dijo en la conferencia de prensa que "estamos dando un paso hacia la soberanía alimentaria" y que vamos a "un mundo pospandemia que va a poner a los alimentos en el centro de la discusión". Sin embargo, en la comunicación del Gobierno no se dieron definiciones sobre el camino que se tomará para lograr este objetivo tan amplio.

Además, el presidente señaló que la estatización "le permitirá al Estado tener una empresa testigo en el mercado de cereales para una planificación estratégica y a partir de allí poder referenciar el mercado alimentario". Uno entiende que estas definiciones apuntan a regular el precio de los alimentos en el mercado interno. Habrá que esperar hasta conocer el plan de negocios de la empresa para más detalles. 

Exportaciones y dólar

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, advirtió que vamos hacia "una empresa testigo en el mercado de granos, también en el mercado de cambios". Las declaraciones apuntan a lo desarrollado anteriormente: Vicentin es una de las más grandes exportadoras de cereales y derivados en un mercado concentrado. Como es sabido, el sector es la principal fuente de divisas del país, por medio de sus exportaciones.

Debido a que la oferta de dólares en el mercado de cambios mayorista depende casi exclusivamente del volumen de liquidación de exportaciones de las cerealeras, la cuestión es estratégica para la economía nacional. Se calcula que los productores agropecuarios retienen en este momento unos u$s 12.500 millones de su producción sojera en los silos. Su negación a liquidarlos en el mercado lleva a una escasez en la oferta de dólares. Esta falta de oferta presiona al alza en el precio de la divisa, en momentos donde las reservas del Banco Central son cada vez menores.

De esta forma, la empresa fue la responsable del 20% de los dólares que ingresaron el año pasado al país, sólo por el aceite y la harina de soja. Veremos si el ejecutivo utiliza a la firma como un jugador activo en el mercado de cambios como anticipó el ministro Kulfas. 

YPF

 

Hubo una definición concreta en la conferencia de prensa: todos los activos del Grupo Vicentin pasarán a ser parte de un fondo fiduciario que estará a cargo de YPF Agro, una subsidiaria de capitales mixtos de la petrolera con mayoría estatal. Es decir que todos los activos de la firma santafesina pasarán a ser gestionados por YPF Agro. Actualmente, esta última es una de las principales proveedoras de insumos para el sector agrícola. Aporta más del 50% del combustible que es utilizado en el campo y en el transporte.  

Expropiación 

Hasta no conocerse el texto del proyecto de ley que será enviado al Congreso para tratar la estatización de la firma, no pueden hacerse más que especulaciones sobre el proceso. Sin embargo, tenemos un antecedente muy cercano: la expropiación del 51% de las acciones de YPF. En aquel momento, se pagaron unos u$s 5.600 millones. Pero el pago se hizo con bonos que rinden un interés, por lo que, al vencimiento de estos papeles en 2024, el desembolso totalizará alrededor de u$s 9.000 millones. Esta cifra es exponencialmente superior al valor de la empresa en la bolsa. Esperemos que en este caso, no resulte tan onerosa la adquisición de una firma quebrada.

Los objetivos desarrollados anteriormente como “soberanía alimentaria” o “empresa testigo en el mercado de granos”, soltados en la conferencia de prensa son llamativos. Buscan dar respuestas a dos problemas muy conocidos para nosotros: la pobreza (el precio de los alimentos) y el dólar (exportaciones).

Otra vez, la comparación con YPF resulta evidente: el proceso interventor y la composición mixta de la empresa son muy similares. Además, como vimos, Vicentin pasará a la órbita de la petrolera. La experiencia nos enseña que el comportamiento de la YPF semi estatal es muy similar al de una empresa privada. Para cumplir los ambiciosos objetivos trazados en la conferencia, Vicentin deberá tomar un camino diferente al de la petrolera.