El viernes 12 de abril Ramiro Cayola Camacho, de 20 años, fue arrollado por un vehículo mientras trabajaba repartiendo para Rappi. Según testigos, Camayo tenía la aplicación activada al momento del accidente y le seguían llegando pedidos una vez ocurrida la tragedia.

La noticia la dio a conocer el Sindicato APP (Asociación de Personal de Plataformas) a través de un hilo de Twitter, donde dicen: "Veníamos advirtiendo sobre esta tragedia anunciada. Las plataformas no se hacen cargo de la protección de sus trabajadores, que arriesgan su vida para ganarse un ingreso".

¿Quién se hace cargo? No hay respuesta. No hay legislación para este "nuevo" sector. A principios de 2016, operaban en el país sólo cinco plataformas virtuales, todas de capitales nacionales. Sin embargo, fue a partir de ese año, como producto de la flexibilización del sistema de pagos al exterior, que se aceleró el ingreso de nuevas plataformas y filiales de empresas extranjeras al mercado argentino. La legislación pertinente siempre quedó detrás. 

En todos los rubros en los que aparecieron estas plataformas virtuales (desde los  repartidores hasta el servicio de limpieza), las disputas empezaron primero con los trabajadores tradicionales de estos rubros. La justicia intervino pero aún no hay un marco legal que regule el sector. Se prohibieron algunas apps y luego se legalizaron, aunque muchas siguen en un gris. La realidad es que nunca dejaron de operar y sus trabajadores defienden sus puestos de trabajo.

No sólo falta legislación, sino también registro. Estas nuevas formas de trabajo no están alcanzadas por las estadísticas oficiales, y por eso quedan invisibilizadas dentro del grupo conformado por monotributistas y  trabajadores informales (mal llamados "en negro"). En este sentido, la fundación CIPPEC llevo a cabo la primera iniciativa de clasificación, caracterización y análisis del trabajo de plataformas en nuestro país, que busca visibilizar a este nuevo sector económico con más de 160 mil trabajadores.

Cómo alegan sus propios trabajadores, la economía de plataformas ofrece nuevas oportunidades para generar ingresos, dato no menor en el contexto actual de desempleo y subocupación. Sin embargo, como remarca el informe, este nuevo sector "genera retos desde el punto de vista regulatorio y desafía el alcance de las normas laborales, fiscales y de protección a los trabajadores que fueron pensados para la economía tradicional".

Según el estudio, en las plataformas digitales predominan los trabajadores jóvenes. 9 de cada 10 tienen menos de 60 años y más de 3 tienen menos de 30 años. La edad promedio es de 38 años.

Quienes trabajan en estas aplicaciones tienen niveles de estudios elevados. Casi el 90% de los encuestados termino el secundario y un 37% afirma haber terminado estudios superiores. Por lo tanto, y comparando con la población ocupada en general, estos trabajadores tienen más calificación que la media y realizan tareas para las que están sobrecalificados.

El informe remarca el hecho de que más de 1 de cada 5 trabajadores de plataformas virtuales son migrantes, cifra elevadísima si se tiene en cuenta que constituyen menos del 5% de la población argentina. Esto demuestra las dificultades que tienen los trabajadores extranjeros de acceder a un trabajo, sin importar su nivel educativo.

A su vez, el estudio destaca: "Entre quienes se dedican exclusivamente a su trabajo en la plataforma, antes estuvieron un promedio de alrededor de 4 meses buscando otras oportunidades laborales". Estos trabajos no son la primera opción de quienes los hacen sino, más bien, la consecuencia de no conseguir otro.

Esto es lógico ya que las condiciones laborales son claramente desfavorables. Sólo un 55% de los encuestados hizo aportes por su actividad en la plataforma, mayoritariamente a través del monotributo. Sólo el 40% posee una obra social a raíz de su trabajo.

A su vez, debemos tener en cuenta que la información de los trabajadores de Airbnb (app de hospedaje) dista mucho de los trabajadores de las aplicaciones de reparto, por ende, hay que tener en cuenta este sesgo en los datos finales.