El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, presentó este lunes su iniciativa para reformar la Constitución provincial. Entre los puntos más salientes, figuran un límite a los mandatos de los diputados y concejales locales, la prohibición de implementar la ley de lemas y del indulto en casos de corrupción, y la reglamentación de la protesta social.

"Hemos decidido convocar a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en la provincia para proponer una reforma parcial a la Constitución Provincial, nuestra Ley Fundamental, cuya última actualización data de 1986", anunció el mandatario provincial. Consideró que, a casi 40 años de la sanción de la Carta Magna de la provincia, "la vida de las personas y los desafíos de nuestra querida provincia se han transformado, en línea con los retos que nos impone este siglo".

La iniciativa consta de seis puntos: reelección del gobernador; institucionalizar la paz social; nuevos derechos y garantías constitucionales; sistema político; justicia; otros temas de reforma.

Respecto del primer punto, aclara que la cláusula constitucional referida al mandato del gobernador no se modifica. Es decir, no se habilitará la re-reelección.

Luego, se establece la prohibición de indultar a las personas "que incurrieren en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento". "Se considerará atentado contra el sistema democrático", indica.

Además, se prohíben los cortes de ruta y se refuerza la prohibición de usurpaciones de espacios públicos y de la propiedad privada. En ese aspecto, la nueva norma prevé una reglamentación del derecho a la protesta "conforme a estándares" de Naciones Unidas. A su vez, se busca "habilitar la ejecución directa para el cobro de multas por contravenciones que afecten la paz social". "El ejercicio de derechos no puede afectar los derechos de los demás", remarca el texto.

En otro punto, propone "fortalecer y reforzar la defensa de la autonomía de la provincia" y limitar a dos períodos los mandatos de diputados, intendentes, concejales, comisionados y vocales de las comisiones municipales. El periodo de sesiones ordinarias comenzará el 1 de marzo y terminará el 30 de noviembre de cada año, y queda expresamente prohibida la ley de lemas, que, actualmente, rige en otras provincias.

En el apartado de la Justicia, buscará la creación del Consejo de la Magistratura para “la selección y remoción de jueces inferiores”, al tiempo que se implementará la “evaluación periódica de desempeño para mayor celeridad y calidad de la justicia”. Además, se proyectará la autonomía del Ministerio Público de la Acusación y del Ministerio Público de la Defensa: “Estas normas van a garantizar una justicia oportuna en tiempo y forma”, manifestó.

Entre otras reformas, el proyecto también busca “eliminar el Banco Oficial de la provincia, aunque se mantienen facultades y potestades vinculadas con el sistema financiero en general y para crear nuevas entidades financieras”. Asimismo, la eliminación del “Instituto de colonización”; al igual que un sistema jubilatorio caduco, debido a que esos trámites están a cargo de la Anses.

Sobre los derechos, nombró a los vinculados “con las nuevas tecnologías y el espacio digital. es deber del Estado garantizar el acceso a la conectividad y la inclusión digital”; “receptar la nueva redacción de la Constitución Nacional con relación a pueblos indígenas”; y la “protección y cuidado de los animales como deber de las personas, la sociedad y el Estado”.

El proyecto ingresará este martes en la Legislatura provincial, que deberá aprobar -con una mayoría de dos tercios- la necesidad de una reforma. Luego, la ciudadanía elegirá a los convencionales que, ad honorem, debatirán los puntos aprobados por los legisladores.