La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.

Karina Milei pidió levantar la cautelar sobre los audios de la Casa Rosada
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Crisis, conflicto e incertidumbre. Todo eso es lo que azota a las calles brasileñas en medio de una nueva polémica que afecta otra vez a la figura presidencial de ese país.
Luego de la salida de Dilma Rousseff a finales de agosto del 2016, mayo del 2017 se convirtió en una fecha bisagra para la gestión de Michel Temer: se lo escucharía avalar sobornos.
La reunión que mantuvo Temer con Joesley Batista, dueño del frigorífico JBS, es clave para la situación política que está viviendo Brasil. Allí se lo escucharía al presidente brasileño de aceptar que se siga manteniendo el pago de un dinero al político Eduardo Cunha a cambio de su silencio.
El audio no es de gran calidad, ya que Batista lo realizó con un dispositivo que tenía escondido entre su ropa. Pero bastó para que la Justicia brasileña aceptara la denuncia, marcara un antes y un después en la poblacion de ese país que está agitada con todos estos episodios
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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Durante el encuentro se analizaron políticas económicas y el Mercosur; el presidente argentino participará también en un foro de emprendedores y en el Congreso local.
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La fuerza política consideró que ordenar las cuentas y fijar prioridades tras dos años de ausencia de discusión presupuestaria refleja madurez institucional.
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El mandatario provincial aseguró que la medida respondió a la caída de la producción y el déficit energético, y destacó que se realizó bajo la ley y con indemnización a Repsol.
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En su discurso, el presidente cuestionó la opción de políticas intermedias y se refirió a lo que él interpreta como objetivos logrados por su gestión.
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El Gobierno venderá el 44% de Nucleoeléctrica Argentina mediante licitación pública e impulsará un programa de propiedad participada para trabajadores.
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