Declararán más de 200 testigos y se espera que durante el juicio, que durará más de cuatro meses, surjan nuevas pistas para la investigación del caso.

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A tono con la búsqueda de militarizar el país, el mandatario presentó una iniciativa para que las Fuerzas Armadas contribuyan a la protección de infraestructura crítica.

Mientras no tengamos paz, ni podamos garantizar el orden público, no vamos a poder avanzar a pie firme (sic). Con esas palabras es que el Presidente Piñera hace evidente lo que transita en la realidad trasandina, la militarización como respuesta a la falta de apoyo y cintura política.
Es en esta línea que el mandatario envió un proyecto de ley al Congreso para permitir a las Fuerzas Armadas poder colaborar con Carabineros en “puntos críticos de servicios básicos” (dentro de los que incluyó la seguridad), sin que sea necesario un decreto o declarar un Estado de Excepción. Es decir, institucionalizar que las FFAA estén en las calles.
Pero en adición a este punto y en sintonía con la Presidenta de facto en Bolivia, Jeanine Añez, la iniciativa descansa en la figura del Jefe de Estado la facultad para eximir a las fuerzas del orden de cualquier tipo de responsabilidad penal.
“Finalmente, se define que la exención de responsabilidad penal aplicable al personal militar que defiende infraestructura crítica (legítima defensa, cumplimiento de un deber y cumplimiento de una consigna) debe adecuarse precisamente a lo que se determine en las reglas del uso de la fuerza que determine el Presidente de la República por decreto supremo”, plantea el escrito presentado.
Ante este anuncio, distintos políticos y políticas de ambas cámaras del Congreso, se han manifestado en contra de la medida en cuestión.
La diputada Claudia Mix del partido Comunes, entiende que “el Presidente Sebastián Piñera otra vez pone bencina al fuego al buscar sacar a los militares a la calle sin declarar estado de excepción, para ‘apoyar’ a Carabineros. Los militares no están preparados para labores de ‘orden público’, es una tremenda irresponsabilidad”.
Frente a un país que desde el inicio de las movilizaciones tuvo, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, 7259 detenidos, 2808 heridos (232 oculares), 33 muertos, en adición a las querellas por denuncias de torturas y violencia sexual, desde la presidencia no se contempla la posibilidad de otra alternativa que no sea desde el vincula con la agenda de seguridad.

Declararán más de 200 testigos y se espera que durante el juicio, que durará más de cuatro meses, surjan nuevas pistas para la investigación del caso.
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