La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.

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En disidencia con Carlos Rosenkratz, los otros jueces de la Corte votaron por dejar sin efecto la prescripción de la causa por la tragedia de Santa Fe.
Los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti votaron dejar sin efecto la orden judicial de la Corte de Santa Fe que declaró la prescripción de la causa y dejó sin culpables la causa Ecos.
El motivo por el que los cuatro jueces decidieron revertir la decisión judicial fue que "carece de la adecuada fundamentación que se exige a los pronunciamientos judiciales".
El presidente de la Corte, Carlos Rosenkratz, votó en disidencia del resto de los magistrados al considerar que "la sentencia que venía siendo recurrida no era arbitraria".
A ustedes les parece que después de casi 13 años un familiar tenga que revictimizarse revolviendo todo un pasado doloroso? 13 años después?? Es tremendo. Una mierda
— Sergio Levin (@sergiolevin) 11 de julio de 2019
La causa ECOS hace referencia al accidente de tránsito a la altura de Santa Fe donde murieron nueve estudiantes de ese colegio, una docente y dos personas que iban en el camión contra el que chocó el micro de la institución secundaria.
Prescribió hace dos años luego de que la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe no hiciera lugar a un reclamo de los padres de los jóvenes.
En el medio, decenas de desmanejos en los tribunales santafesinos contribuyeron a la impunidad para el chofer del camión, que manejó alcoholizado más de treinta kilómetros y finalmente se estrelló contra el colectivo de los chicos que viajaban desde Chaco, dónde habían ido a hacer una acción solidaria.
Un ejemplo del insólito tratamiento por parte de la Justicia: dictaron un procesamiento sin haber tomado nunca una declaración indagatoria.
En 2014, el gobierno de Santa Fe inició una investigación para determinar la actuación de los jueces que intervinieron en la causa, ya que "la administración judicial provincial no estuvo a la altura de las circunstancias" en el caso.
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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