La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.

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La filmación en que Miguel Ángel Paz agrede al guardia de seguridad del edificio en el que reside en Olivos se viralizó y generó la indignación de miles, incluido el presidente.
Desde que se declaró la cuarentena obligatoria para todas aquellas personas que viajaron a zonas consideradas de riesgo por la circulación del coronavirus ha habido un gran número de denuncias por incumplimiento y hasta detenciones.
Este domingo se difundió un video que generó indignación en las redes sociales: un hombre violento que no soportó que le remarcaran su incumplimiento de la Ley atacó brutalmente a un guardia de seguridad.
El agresor fue identificado como Miguel Ángel Paz, inquilino de un departamento de un edificio ubicado sobre calle Rosales 2793 (Olivos, Vicente López) y había regresado de Estados Unidos la semana pasada.
La víctima, Gustavo Granucci, le recriminó: "No estás cumpliendo con el protocolo de sanidad, tomatela de acá, salí de la guardia", ante lo que el atacante respondió con insultos y golpes.
El hecho ocurrió ayer sábado alrededor de las 21.20. Ante lo ocurrido intervino personal policial (que retuvo a Paz en su domicilio) y del SAME, que asistió al vigilador. También realizaron pruebas para determinar si ambos hombres se encuentran infectados con el virus COVID-19, las cuales habrían resultado negativas.
Esta mañana, el presidente Alberto Fernández se refirió al caso y dijo: "Estoy buscando dónde vive ese señor y encerrarlo personalmente para que todos entiendan que no se puede ser tan estúpido y no darse cuenta el riesgo en que ponen a la gente".
Interviene el fiscal de turno en Vicente López, Martín Gómez, quien imputó al vecino de “lesiones y amenazas”. También trabaja el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien investiga la posible infracción de los artículos 205 y 239 del Código Penal de la Nación, que contemplan la protección de la salud general y el delito de desobediencia.
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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