Como cada año, hoy 8 de octubre se conmemora el Día internacional de la Dislexia, una fecha establecida para visibilizar este trastorno específico de la lectura cuyo rasgo principal es una dificultad especifica y significativa en el desarrollo de las habilidades para la lectura que no puede explicarse únicamente por la edad mental, problemas de precisión visual, o una escolarización inadecuada.

La dislexia es un trastorno neurológico de base genética que ocurre cuando una persona tiene una dificultad significativa con la velocidad y precisión de la decodificación de palabras y que afecta, entre otras cosas, la comprensión del texto y la ortografía.

Se manifiesta a la hora de nombrar letras, recitar el alfabeto o rimas simples, así como omisiones, distorsiones, lentitud y vacilaciones en la lectura; y si bien afecta principalmente el desempeño de niños y niñas, las dificultades pueden manifestarse incluso al alcanzar la edad adulta.

Por otro lado, aunque aún no se identificó exactamente qué la causa se sabe que los genes y las diferencias cerebrales juegan un papel importante, siendo con frecuencia hereditaria.

El diagnóstico, por su parte, se realiza mediante una evaluación completa —ya sea en la escuela o de forma privada— para detectar y conocer las dificultades específicas de cada persona, ya que la forma en que afecta a cada una de ellas es diferente.

Aunque no existe cura para la dislexia, es esencial abordar este trastorno desde una perspectiva multidisciplinar, siendo varios los profesionales encargados tanto de su diagnóstico como de su intervención. Una detección y actuación precoz sobre esta condición es imprescindible para evitar el fracaso escolar, personal y social de las personas portadoras de la dificultad.

A este respecto, en nuestro país la Ley 27.306 garantiza el derecho a la educación de niños, adolescentes y adultos con dislexia y otras dificultades específicas de aprendizaje (DEA) y establece que los agentes de salud que brinden servicios médico–asistenciales, independientemente de la figura jurídica que tuvieren, tendrán a su cargo, con carácter obligatorio, las prestaciones necesarias para la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de las DEA.