La ONG establecida en 1993 que trabaja para proteger los derechos humanos y el medio ambiente, Global Witness, publicó un artículo denunciando que más de 300 bancos e inversores respaldan seis de los agronegocios más dañinos del mundo. De estas seis empresas, tres operan en la Amazonia, dos en la cuenca del Congo y una en Nueva Guinea; y entre 2013 y 2019, fueron financiadas con una suma de $44 mil millones de dólares. 

Las campañas de Global Witness están abocadas a terminar con los abusos ambientales y de derechos humanos impulsados por la explotación de los recursos naturales y la corrupción en el sistema político y económico.

En uno de sus últimos reportes, titulado "Dinero para quemar", informan que entre 2001 y 2015 se destruyeron más de 300 millones de hectáreas de cobertura arbórea con el fin de producir aceite de palma, carne de res y caucho, acelerando así la crisis climática, despojando a los pueblos indígenas de sus tierras y destruyendo el hogar de innumerables especies.

Entre algunos de los bancos que detrás de la destrucción de una de las regiones de mayor biodiversidad del mundo se encuentran HSBC, Santander, JPMorgan, Bank of America y Morgan Stanley. Y si bien varias instituciones se comprometieron a combatir la deforestación, muchas veces estas violan sus propias políticas y no hay penalidad por parte de los gobiernos cuando esto sucede.

"El rápido desmoronamiento de nuestro clima es una preocupación para muchos —incluidos los clientes bancarios— por lo que no es sorprendente que los bancos e inversionistas anuncien con orgullo sus políticas de inversión ética y préstamos, dando la impresión de que no están aportando dinero en compañías que quemarían las selvas tropicales", dijo Ed Davey, director de Global Witness. 

"Pero su hipocresía es clara: las mismas instituciones financieras están rompiendo sus propias políticas a voluntad en busca de ganancias, haciendo que muchas de sus promesas apenas valgan el papel en el que están impresas", agregó.

Por último, exigen el compromiso del gobierno y del sector privado en renovar y fortalecer los esfuerzos para combatir la deforestación mediante planes de acción con plazos determinados, que sean verificables de forma independiente e informados públicamente para garantizar su cumplimiento.