"Ojo con dónde alquilás", suelen decir nuestros seres queridos cuando vamos a reservar un alojamiento. De cara a las vacaciones que se vienen, te dejamos algunos consejos por parte de la organización F.E.H.G.R.A Argentina, en el marco de la campaña "Comer y dormir seguro".

A raíz de diversos casos como el de una pareja que alquiló una casa en la ciudad costera de Longboat Key (Florida) y descubrió que había cámaras en la habitación, y del lamentable suceso en el que dos argentinas que alquilaron un departamento en Playa del Carmen murieron tras una explosión de gas, es crucial investigar y estar más al tanto de los peligros a la hora de reservar un alojamiento.

Las nuevas tendencias internacionales están marcando la agenda lifestyle en Argentina: restaurantes a puertas cerradas, alojamientos familiares para uso comercial, entre otras alternativas al consumo formal en el rubro gastronómico y hotelero.

No obstante, ¿Sabemos si estas nuevas propuestas cumplen con todos los requisitos legales para nuestra protección?

¿Sabemos qué es lo que estamos consumiendo, qué servicio estamos contratando realmente? ¿Qué medidas de seguridad cuenta el lugar que rentamos para dormir?

La campaña “Comer y dormir seguro” de FEHGRA agrupa a más de 50.000 establecimientos gastronómicos y hoteleros legalmente habilitados y controlados, e intenta alertar al consumidor de los riesgos de los nuevos sistemas de alquiler o nuevos lugares gastronómicos, ya que muchos de ellos no cumplen con las normas básicas de los derechos del consumidor.

El foco de la campaña apunta a que los alojamientos formales además de cumplir todos los requisitos de seguridad exigidos, lleven un registro efectivo de los huéspedes asegurando su identidad.

En este sentido, la oferta de los hoteles y espacios gastronómicos formales, está  registrada y por lo tanto siempre es más segura. 

El no cumplimiento de las leyes en los servicios de alojamiento y gastronomía no registrados, no sólo se traduce en precarización laboral, sino que, al no estar sujetos a controles, se ven imposibilitados de garantizar al usuario las normas de seguridad y salubridad exigibles. 

También trae conflictos como la evasión fiscal y que su personal no se encuentre debidamente registrado ni gozando de protección social.