A días de cumplirse un año del femicidio de Úrsula Bahillo, sus familiares y amigos convocaron a una concentración en la localidad bonaerense de Rojas para reclamar por la destitución de dos jueces que desestimaron las denuncias previas contra el asesino de la joven de 18 años. 

El reclamo será llevado adelante este martes a las 19 horas en Plaza San Martín, fecha en que se cumple un año del asesinato de Úrsula.

Del acto participarán los padres de la joven, Patricia Nasutti y Adolfo Bahillo, junto a vecinos, amigos y organizaciones de familiares de víctimas, como Atravesados por el Femicidio, el colectivo Matanza Duele y Víctimas y Familiares de Femicidios. 

La concentración será realizada para pedir la destitución de los magistrados Marcelo Romero, subrogante del Juzgado 1 del Departamento Judicial de Mercedes, y del juez de Paz Letrado de Rojas, Luciano Callegari, a quienes acusan de desestimar las denuncias previas realizadas por la familia de Úrsula contra su femicida, Matías Ezequiel Martínez. 

En diciembre del año pasado Martínez fue condenado a cadena perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de la ciudad de Junín, acusado de homicidio doblemente calificado. 

El femicida mató de 15 puñaladas a la joven, quien lo había denunciado en varias oportunidades por violencia de género y tenía prohibido acercarse. 

El juicio por el asesinato de Bahillo inició el 3 de diciembre pasado y tuvo una sola audiencia en la que hablaron diez testigos. Los jueces Carina Piegari, Claudia Dana y Esteban Melilli dieron a conocer el veredicto bajo la acusación del fiscal Sergio Terrón.

A través de la organización Change.org, Patricia Nasutti reúne firmas para pedir justicia por su hija y exigir que el Estado promueva medidas para evitar que casos como el de Úrsula se repitan. 

Entre las consignas principales del pedido, se exige la necesidad de adoptar medidas de "protección oportunas, efectivas e idóneas acorde con la situación de riesgo que afrontan la víctima y sus familiares" y "para la notificación de oficio a la persona denunciada", con un "adecuado seguimiento judicial de su implementación y ejecución".

Asimismo, se pide "implementar el patrocinio jurídico gratuito para las víctimas de violencia de género de forma inmediata y urgente en toda la provincia con los recursos y equipos necesarios para asegurar el acceso a justicia e implementar Fiscalías Especializadas en violencia de género en el ámbito del ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires". 

También, la petición incluye una solicitud para contar con "oficinas de Violencia de género dentro del ámbito de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires" y agrega que se debe "asegurar en tiempo y forma la provisión de botones antipánico y otros dispositivos electrónicas de geolocalización para el efectivo cumplimiento de las medidas de restricción dictadas por autoridad judicial". 

Finalmente, exigen "promover la creación de un Registro Nacional de denuncias de violencia de género y seguimiento por equipos interdisciplinarios".