Según un informe del Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación, en el primer semestre del 2019 sucedieron un total de 155 femicidios. 13 de las víctimas tenían menos de 11 años y el 51% de los femicidas tenían vínculo de pareja o ex pareja.

Si bien varias organizaciones tienen observatorios para poder seguir de cerca y comprobar cuántos femicidios suceden en nuestro país día tras día, desde el Estado se realiza de forma oficial esta estadística que toma su información de distintos portales de noticias de internet tanto de tirada nacional como provincial. 

Según el informe del Observatorio, "39 asesinatos se cometieron con armas de fuego y 38 por apuñalamiento", mientras que "un alto porcentaje de las víctimas fue golpeada o estrangulada".

La muestra, que va entre el 1 de enero al 31 de julio de 2019, refleja que murió una mujer en manos de un varón violento cada 28 horas. De esas 155 víctimas, 18 fueron femicidios vinculados y seis asesinatos de personas trans.

Por otro lado, las "víctimas colaterales" reflejan que "103 niños quedaron sin madre", mientras que también se confirmó que "la mayoría de los crímenes se produjeron dentro de un vínculo de pareja o en el seno familiar". El 73% de los femicidios se ejecutaron en los domicilios de las víctimas o en un entorno familiar. El 23,9% de las víctimas había denunciado previamente a su atacante.

En la provincia de Buenos Aires fue en donde se registraron más femicidios (62 en lo que va del año), seguida por Córdoba (14 casos); Santa Fe (10); Tucumán (9) y Chaco (8).

Por otro lado, el estudio señaló que hubo "seis intentos de suicidio y 38 suicidios consumados por parte los femicidas".

Para finalizar, el informe hace eje en tres de las principales leyes que buscan erradicar la violencia de género y sostiene que el Estado trabaja para que las mismas se cumplan. La ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI), la ley 27.499, también llamada ley Micaela, para garantizar que las personas que se desempeñen en la función pública estén capacitadas en la temática de género y que la ley Brisa, que consiste en la reparación económica a los hijos e hijas víctimas de femicidio".

Aún así, y en el marco de una profunda crisis económica y social, los ajustes al Instituto Nacional de la Mujer (INAM) impactan de manera directa en el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres (2017-2019), una de las principales herramientas con las que el gobierno de Mauricio Macri combatiría este lento pero constante genocidio.