Como cada año, hoy se celebra en Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro - conocido también como el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto - con el objetivo de exigir la legalización y el acceso a este derecho.

Este día surge del V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en Argentina en 1990 gracias a la Asamblea del Movimiento Feminista Latinoamericano. Años más tarde, la fecha cobró peso regional y hasta internacional.

La efemérides pretende visibilizar y denunciar que las complicaciones por abortos inseguros y clandestinos constituyen una de las primeras causas de mortalidad de mujeres y personas gestantes en muchos de países de la región.

Este día movimientos feministas se movilizan en todo el mundo para exigir a sus gobiernos la legalización del aborto y la facilitación del acceso al mismo, nombrando como objetivo el reducir las muertes por abortos inseguros.

Puntualmente en Argentina, tras una larga militancia y reclamo de las agrupaciones feministas, la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue aprobada el 30 de diciembre del 2020.

La misma se promulgó en enero de 2021, estableciendo así el derecho a la IVE durante las primeras 14 semanas de gestación, para las personas con capacidad de gestar de manera igualitaria.

A pesar de contar con un marco legal, este día sirve para destacar que la lucha de los feminismos continúa vigente para que la ley se cumpla efectivamente a lo largo y a lo ancho del país como así también el acceso a la anticoncepción y a la educación sexual integral (ESI).

Por ejemplo, en septiembre del 2021 una médica fue detenida en Salta por garantizar el derecho de una paciente a acceder a una IVE en un Hospital público de la ciudad de Tartagal. Horas más tarde, y luego del reclamo de organizaciones de derechos humanos, fue liberada.

A nivel regional, recientemente la Suprema Corte de Justicia de México declaró por unanimidad inconstitucional el artículo 196 del Código Penal de Coahuila que imponía hasta 3 años de cárcel a quienes abortaran voluntariamente. Hoy, el criterio es obligatorio para todo el país.