La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.

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Piden que “se investigue también al Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini” por incumplimiento de lo ordenado por la Corte.
La Coalición Cívica (CC) amplió hoy la denuncia judicial que había presentado contra funcionarios del Gobierno nacional, a quienes acusó de no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre fondos coparticipables, e incluyó entre ellos al Procurador del Tesoro Carlos Zannini.
En el escrito, que lleva la firma de Elisa Carrió y varios legisladores de la CC, se explica que se trata de una ampliación de la denuncia original presentada y piden que “se investigue también al Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini”. Dentro de la primera presentación, la Coalición Cívica había pedido investigar al presidente Alberto Fernández; al ministro de Economía, Sergio Massa; al ministro del Interior, Eduardo De Pedro, y al jefe de Gabinete, Juan Manzur, por “incumplir con lo ordenado por la Corte Suprema”, en la cautelar en la que el máximo tribunal dispuso un aumento de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires en 2,95% de la masa de fondos por el traspaso de la Policía.
La CC explica en el escrito que la ampliación de la denuncia, pidiendo que se investigue a Zannini, tiene que ver con que “el Procurador del Tesoro de la Nación solicitó a los miembros del tribunal que se excusen de seguir interviniendo en la causa, planteando en subsidio su recusación; y además interpuso una revocatoria a fin de que se deje sin efecto la medida cautelar dictada el pasado 21/12/2022”.
En el apartado del “petitorio” de la denuncia presentada, pide que “se cite a los imputados en los términos del artículo 294 del ordenamiento procesal” para que “en caso de corresponder, se los condene al máximo de la pena prevista para los delitos en los que, en definitiva, se encuadren los hechos objeto de denuncia”.
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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