La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.

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El juez porteño afirmó que "el gobierno de los jueces es una dictadura" y convocó a una marcha el 1 de febrero.
El juez porteño Juan Ramos Padilla hizo referencia al Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema que se inició el jueves pasado en la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja, y aseguró que "aparecerán secretos muy bien guardados" por magistrados del máximo tribunal.
"Van a aparecer cosas interesantes para todos. Hay secretos muy bien guardados. Se puede conocer qué pasa con los certificados de depósitos y esos fondos que maneja la Corte y no se sabe donde están depositados. Son los llamados fondos anticíclicos", aseguró Padilla en diálogo con Radio 10.
"El manejo de dinero que tienen en la Corte es enorme. Tampoco sabemos cómo es la relación con el Banco Ciudad, donde van todos los depósitos judiciales. Eso es un gran negocio. Igual que la desfinanciación de la obra social del Poder Judicial"
"La gente está totalmente consciente de que el Poder Judicial no funciona. Es algo que atraviesa la vida de todos. En algún momento las mentiras empiezan a caerse. El gobierno de los jueces es una dictadura. Los jueces se transforman en sujetos a la venta de cualquier postor y no descartaría que en algún momento vuelva el narcotráfico al poder judicial", agregó el magistrado.
Asimismo, Padilla se mostró a favor de la convocatoria a una marcha a Plaza Lavalle para el próximo 1 de febrero a las 17 horas, para apoyar dicho juicio impulsado por el Gobierno nacional y varios gobernadores.
En este sentido, dijo que el objetivo de la convocatoria es para que la gente "se despabile un poco" y reveló que se leerá un documento. "Ojalá que los dirigentes pongan la cara en el palco. Algo que el año pasado no pasó. Quisiera que este año lo hicieran porque a veces la lectura del documento pasa desapercibida", concluyó.
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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