El Gobierno amplió la recusación contra los jueces de la Corte Suprema en la causa por la coparticipación e instó a los jueces de la Corte a convocar a conjueces, elegidos entre los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país, para resolver el recurso. La presentación lleva la firma del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, quien dentro de la ampliación menciona el pedido de juicio político contra los ministros del tribunal supremo y los supuestos chats entre un funcionario del máximo tribunal y el ministro de Justicia y Seguridad porteño en uso de licencia Marcelo D'Alessandro.

En diciembre pasado, el Ejecutivo había recusado a los cuatro magistrados de la Corte Suprema: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, y había presentado un pedido de revocatoria del fallo. Pero en esta oportunidad, amplió la recusación y planteó que para resolverla los jueces de la Corte deberían convocar a conjueces: “A todo evento, y si bien están configuradas circunstancias que justifican sobradamente la recusación aquí articulada, solicito que los señores jueces integrantes del Tribunal se excusen de intervenir de aquí en más en el trámite de estos actuados, por razones de decoro y/o delicadeza vinculadas con el ejercicio de la función jurisdiccional”, dice la presentación.

La ampliación de la recusación, en el caso de Rosatti, se basa en la aparición de dos hechos nuevos, en principio los supuestos chats entre D'Alessandro y su secretario privado Silvio Roble, y el juicio político que está tramitando el Congreso.

La presentación reclama que los jueces de la Corte nombren conjueces para resolver la recusación presentada en diciembre, tal como se establece en el artículo 22 del Decreto-Ley N° 1285/58, ratificado por la Ley N° 14.467, que prevé que en los casos de “recusación, excusación de alguno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, este tribunal se integrará, hasta el número legal para fallar, mediante sorteo entre los presidentes de las cámaras nacionales de apelación en lo federal de la Capital Federal y los de las cámaras federales con asiento en las provincias”.

A fin de año, la Corte Suprema dictó una medida cautelar a favor del Gobierno de la Ciudad en su reclamo por la coparticipación, donde subía los fondos coparticipables a 2,95 y dispuso que el Ejecutivo vuelva a girarle diariamente esa cantidad de fondos. Por ello, el gobierno de Alberto Fernández recusó a los jueces y pidió una revocatoria del fallo. 

Por su parte, el gobierno de Horacio Rodriguez Larreta denunció que la administración nacional no estaba cumpliendo la resolución y que los bonos que se anunciaron para pagar no era la vía adecuada.

Luego de esas presentaciones se filtraron los chats ilegales entre D’Alessandro y el asesor de Rosatti lo cual abrió una polémica respecto de si Robles había asesorado al GCBA, por lo cual se elevaron denuncias penales. Una de ellas, fue archivada por el juez federal, Sebastián Ramos, quien argumentó que los mensajes se obtuvieron de manera ilegal.