El Gobierno porteño, que encabeza Horacio Rodríguez Larreta, ya no podrá autorizar -a través de excepciones de ningún tipo- demoliciones, reformas, ampliaciones o nuevas construcciones sobre los inmuebles anteriores a 1941.

Así lo resolvió la justicia porteña, que además instó al Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires a terminar el relevamiento solicitado por la Legislatura Porteña hace ya más de 15 años para saber cuántos de esos edificios tienen valor patrimonial para ser declarados protegidos para siempre.

La acción judicial fue dispuesta por el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires N° 10, a cargo de Aurelio Ammirato, en respuesta a una causa impulsada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, La Asociación Civil Basta de Demoler, la Fundación Ciudad y SOS Caballito.

Los amparistas desde hace tiempo reclamaban el cumplimiento de la Ley 2.548, que fijaba como plazo máximo al 31 de diciembre del 2011 para la confección de un catálogo completo de los inmuebles anteriores a 1941, que se calcula en más de 140.000 unidades.

La falta de cuidado del patrimonio urbanístico de la ciudad fue uno de los temas más cuestionados históricamente de la gestión del PRO, primero con Mauricio Macri y luego con Larreta.

En la Legislatura porteña era uno de los temas preferidos por la Coalición Cívica y el socialismo, antes adversarios del oficialismo y actualmente aliados, para criticar a la administración central del distrito.

Ahora esa bandera, aunque en menor medida, fue recogida por el Frente de Todos y especialmente por asociaciones vecinales que se resisten a ver cambiada la fisonomía de sus barrios.

Si bien ya en el 2009 la Legislatura pidió un informe pormenorizado de las miles de construcciones anteriores a la fecha elegida, hasta el momento sólo se  presentó un registro de propiedades de las Comunas 1 y 2, que comprende los barrios de Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat , Constitución y Recoleta.

El relevamiento fue realizado por la facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires.

En los fundamentos del fallo, el magistrado pide “el resguardo de aquellas áreas, paisajes, monumentos, edificios y otros elementos urbanos de relevante valor histórico, estético, simbólico y/o testimonial".

Por eso el juez le impuso al GCBA “abstenerse de autorizar demoliciones, reformas, ampliaciones y/o nuevas construcciones (incluyendo el registro de planos) con respecto a la totalidad de los inmuebles de propiedad pública o privada que se encuentren emplazados dentro del territorio de la ciudad, cuyos planos hayan sido registrados antes del día 31 de diciembre de 1941”.

Si bien todas las normas citadas por el juez ya estaban vigentes, a lo largo de los últimos años el gobierno consiguió que la Legislatura, donde tiene amplia mayoría, le autorice diferentes excepciones para intervenir sobre inmuebles aún no relevados.

Por eso ahora, en su medida, el juez sólo autoriza como excepción “aquellos casos en que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales resuelva (o haya resuelto) de manera expresa e individualizada que el inmueble no reviste valor patrimonial”.