La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.

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El fiscal Raúl Garzón acusó a altos funcionarios de salud, incluyendo al exministro Diego Cardozo, por encubrimiento agravado.
La Justicia decidió llevar a juicio oral el caso de la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba. Tras más de un año de indagación, el fiscal a cargo, Raúl Garzón, emitió su veredicto, anulando la imputación por omisión de los deberes de funcionario público y señalando a altos funcionarios de salud, incluyendo al exministro de Salud de la provincia, Diego Cardozo, por encubrimiento agravado.
El principal foco de acusación recae en la enfermera Brenda Agüero, quien enfrenta cargos de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado, en contexto de serialidad criminal, y homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado, en contexto de serialidad criminal en grado de tentativa. Según la investigación, se sospecha que habría administrado exceso de potasio a los recién nacidos, provocando un shock que resultó en su trágica muerte.
No obstante, Agüero no está sola en el banquillo de los acusados. Varios funcionarios públicos y directivos del hospital también enfrentan cargos por encubrimiento. Entre ellos se encuentran el secretario legal del Ministerio de Salud, Alejandro Gauto; la exdirectora de Maternidad e Infancia, Marcela Yánove; y el exdirector de Hospitales de Capital, Esteban Ruffin. Todos ellos están imputados por el delito de "encubrimiento agravado por el hecho precedente (homicidios en serie) y por su calidad de funcionario público".
La lista de acusados continúa con la exsubdirectora del Neonatal, Claudia Ringelgheim; el exsubdirector administrativo, Alejandro Escudero Salam; la exjefa de Neonatología, Marta Gómez Flores; la exjefa de Enfermería Blanca, Alicia Ariza; y la médica Adriana Morales. La exdirectora del Materno Neonatal, Liliana Asís, también está bajo escrutinio, enfrentando acusaciones por encubrimiento doblemente calificado por la calidad funcional y el hecho precedente. En total, más de diez funcionarios y el exministro de Salud, Cardozo, fueron imputados por encubrimiento agravado.
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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