La menstruación es un factor de desigualdad. En Argentina, alrededor de 12 millones de individuos, incluyendo niñas, adolescentes, mujeres, hombres trans y personas no binarias, experimentan el ciclo menstrual. A pesar de ser un proceso biológico tan natural como universal, continúa siendo un indicador social que evidencia y perpetúa las brechas de género. El costoso acceso a productos de gestión menstrual (PGM) y la falta de educación sexual obstaculizan la capacidad de atravesar el periodo de manera segura, digna y libre. En este contexto, urge, por ende, la necesidad de no solo desterrar el estigma cultural asociado, sino también establecer políticas públicas sólidas y sostenibles que aborden la problemática en su totalidad.

Según Marcela Cortiellas, Directora Nacional de Articulación de Políticas Integrales de Igualdad, "menstruar exige una inversión económica que dificulta que miles de mujeres y personas LGTBI+ gestionen adecuadamente su ciclo". El uso de PGM, como tampones y toallitas descartables, resulta desproporcionadamente caro, llegando a superar en un 30% el promedio de precios de los productos básicos. Datos recientes presentados por el Ministerio de Economía de la Nación revelan que el gasto anual destinado a la gestión menstrual es de $10.915 por persona, monto que representa una cifra próxima al total mensual de la Asignación Universal por Hijo ($11.465 en marzo de 2023). 

“Hoy en día, se estima que una persona destina alrededor de 1.500 pesos mensuales en productos menstruales, cálculo que está sujeto a constantes variaciones debido al nivel de inflación que atraviesa nuestro país. Sin embargo, es importante resaltar que esta cantidad mencionada sólo considera los productos fundamentales para la gestión menstrual”, detalla Laura Testa, economista y asesora del Senado de la Nación, y aclara: “Si incluímos productos para aliviar el dolor, como el oreganol u otros medicamentos similares, el costo aumenta considerablemente. Esta ampliación en la lista de productos necesarios para el cuidado menstrual supone un gasto adicional significativo para las personas menstruantes”.

En esa misma línea, Cortiellas destaca: “Menstruamos aproximadamente durante 40 años, una vez por mes. El costo de menstruar pesa mucho en los ingresos de los sectores más vulnerables. En los hogares no suele haber solo una persona menstruante, por lo tanto la brecha de desigualdad financiera es considerable”. Y, lamentablemente, va más allá del ámbito puramente económico. Irina Perl, responsable de la Línea de Gestión Menstrual del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación, comenta: "El acceso equitativo a productos de gestión menstrual habilita el ejercicio pleno de derechos fundamentales, tales como la educación, el empleo y la salud. Fomentando de esta manera, la participación igualitaria de las personas menstruantes en la vida social y política de sus comunidades".

La menstruación, ¿es un obstáculo?

Si nos enfocamos en el ámbito educativo, se estima que a nivel global 1 de cada 5 niñas, adolescentes y menores menstruantes falta a la escuela durante su período. El temor al estigma, la ausencia de recursos higiénicos como agua o espacios adecuados para cambiarse, los dolores físicos y la falta de acceso a productos, llevan a estos jóvenes a ausentarse en el transcurso de su menstruación. El impacto a largo plazo se refleja en un deterioro del desempeño académico, un incremento del malestar emocional y mayores riesgos de abandono escolar, ampliando así la disparidad de género.

De acuerdo al informe de U-Report titulado “Desafíos que enfrentan las adolescentes en su gestión menstrual” (UNICEF, 2021), cerca del 10% de las más de 1.000 personas encuestadas admitieron ausentarse de al colegio durante su ciclo, mientras que un 23% expresó sentir incomodidad o vergüenza en este periodo. Estos datos coinciden con los obtenidos a través de la Primera Encuesta de Gestión Menstrual realizada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires en 2020. En el estudio, casi la mitad de los participantes indicaron haber dejado de asistir a instituciones educativas (47,9%), así como haber reducido su participación en eventos sociales (43,9%). Además, más de dos tercios de los encuestados (75,6%) dejaron de practicar deportes.

El derecho a la información se ve comprometido en el contexto de la menstruación, impactando directamente en las oportunidades de los individuos menstruantes. La carencia de datos sobre la salud menstrual, la disponibilidad de servicios para abordar problemas asociados y el desconocimiento sobre los suministros necesarios para mantener una higiene adecuada durante el período, limita sus oportunidades. Es una realidad que revela una problemática sanitaria. “La carencia de educación conduce a la utilización de alternativas inadecuadas terminan siendo muy perjudiciales”, explica Testa. La limitación para obtener opciones adecuadas puede impulsar a tomar decisiones extremas, optando por productos improvisados y poco higiénicos, lo cual incrementa el riesgo de padecer infecciones y sufrir complicaciones a largo plazo.

El futuro de las políticas de gestión menstrual en Argentina

"Es altamente perjudicial ignorar estas prácticas, ya que esto implica pasar por alto una realidad que afecta a una gran parte de la población. Si casi el 40% de ese grupo vive en condiciones de pobreza, esta cuestión debería considerarse como un tema de salud pública, con relevancia y una gestión gubernamental", señala la economista. Sin embargo, ¿cómo está abordando el Estado esta problemática?. A nivel nacional, disponemos del Programa MenstruAR, establecido por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, el cual respalda y fortalece las iniciativas locales en materia de gestión menstrual. 

El proyecto se centra en promover la producción y uso de productos sostenibles para la gestión menstrual, lo que incluye la distribución de copas menstruales en provincias y municipios. El objetivo principal es garantizar un acceso justo a los suministros y la información necesarios para todas las personas que menstrúan. Además, se llevan a cabo programas de capacitación y educación sexual integral dirigidos a funcionarios de la administración pública de diversos niveles, así como a promotores comunitarios. "Esto nos permite desmontar la perspectiva social y cultural negativa o estigmatizante asociada a la menstruación, con el fin de abordarla desde una óptica de derechos", describe Cortiellas.

En el marco de la iniciativa, se desarrollaron dos materiales en colaboración con la Fundación SES y con el respaldo de UNFPA: un "Diagnóstico sobre el uso y percepción de insumos de gestión menstrual" y un cuadernillo titulado "La Gestión Menstrual como Derecho". Como parte de estas acciones, se distribuyen copas menstruales a los municipios para su posterior entrega a la población, acompañadas de capacitaciones para los promotores en su uso. También se realizó una encuesta de seguimiento sobre el uso de las mismas. Además, se crearon materiales de comunicación y se llevó a cabo una investigación sobre el uso y la percepción de los productos de gestión menstrual.

Con la próxima asunción del gobierno liderado por Javier Milei, se generan incertidumbres respecto a la continuidad y el impulso de políticas públicas relacionadas con la gestión menstrual. La Directora Nacional expresó su inquietud acerca de la posible interrupción de estas medidas: “Creemos que el Estado debe ser garante de derechos y promover la reducción de las brechas de desigualdad hasta erradicarlas. Nos preocupa que no tengan continuidad ya que esto afectaría a las personas más vulnerables”. 

Es fundamental que el Estado continúe fortaleciendo y promoviendo políticas públicas inclusivas que garanticen estos derechos básicos para todas las personas menstruantes en el país. “La banalización, hostigamiento y violencia sobre nuestras agendas tiene consecuencias terribles sobre las mujeres y diversidades. Sería un retroceso enorme desmantelar lo que hemos logrado hasta aquí. Siempre es desde el Estado, desde la institucionalidad a nivel federal que podemos nivelar la correlación de poder existentes, que podemos garantizar igualdad de oportunidades para construir una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencias”, cierra Cortiellas.