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Dentro de las modificaciones, la reforma incluye mantener la fórmula previsional hasta el mes de abril, eliminar las retenciones a las economías regionales y quitar a YPF de la lista de privatizaciones.

Llegó al Congreso la reforma de la ley de Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina tal como se había acordado con la oposición "dialoguista" a fin de la semana pasada para llegar a un dictamen favorable en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados y alcanzar la media sanción.
En la reforma del proyecto, el Gobierno indicó que "es sano exponer los privilegios de unos pocos" y "mover nuestro marco normativo hacia adelante" pero también es "sano escuchar, corregir, aprender".
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Dentro de las modificaciones más importantes, el Ejecutivo decidió transferir a sesiones ordinarias parte del articulado propuesto en la ley ómnibus, entre ellos, la discusión del juicio por jurados, salud mental, los cambios en la ley de sociedades, el traspaso de la justicia nacional a la ciudad, y parte de la reforma electoral, dentro de las que se encuentran las secciones uninominales, el futuro de las PASO y el régimen de partidos políticos.
A estos temas, se suman más de la mitad de las modificaciones que afectaban al Código Civil y Comercial , "reservando a este proyecto los artículos estrictamente necesarios para mejorar la libertad contractual".
Además, se acortó el plazo de la emergencia a un año con posibilidad de prorroga por uno más y se redujeron las delegaciones del Poder Legislativo al Ejecutivo; se incorporó una fórmula previsional de ajuste automático de haberes por inflación a partir de abril (en marzo se realizará el aumento trimestral correspondiente a este primer período del año); y se añadieron restricciones al blanqueo pedido por el Poder Legislativo.
"Se corrigieron los errores en el capítulo referido al ambiente que desafortunadamente generaron una evitable confusión", consideraron.
En el rediseñó el capítulo de cultura se destaca que el nuevo proyecto protegerá "los recursos del sector, pero preservando el objetivo de que los gastos administrativos no sean una carga excesiva sobre el sector y con rediseños institucionales en la propuesta de modernización del FNA (Fondo Nacional de las Artes), cuyo cierre ya no se propicia, y del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales)".
En el apartado cinematográfico (que reforma la ley 17.741), se añade un "artículo 28 BIS" en el que se reforman las formas de otorgar el beneficio para la industria, entre ellas se destacan que el subsidio otorgado "no podrá significar más del 50% del costo de producción total del proyecto" y que el "aspirante deberá asumir en forma obligatoria el costo de no menos del 50% del costo del proyecto".
También los aspirantes deberán "declarar los costos de producción finales involucrados en el proyecto" y aclara que "en caso de que los mismos resultaren inferiores al costo inicial declarado, deberá reintegrar la parte proporcional correspondiente al excedente".
A su vez, los beneficiarios "no podrán recibir nuevos subsidios hasta que hayan pasado UN (1) año calendario desde la obtención del previo".
El Ejecutivo accedió al reclamo de los gobernadores y tomó la decisión de limitar las retenciones a las economías regionales a cero, como lo había impuesto la administración anterior. “Se establecen en 0% para las economías regionales. A su vez, se elimina la facultad del Poder Ejecutivo de poder subir los derechos de exportación", detalla el nuevo proyecto.
"Solamente se mantiene la facultad para poder reducirlas”, dice el nuevo artículo. Entre otras economías, esa norma aplica para el vino, la yerba mate, el maní y los sectores olivícola, arrocero, de cueros bovinos, lácteo, y el frutícola.
Sobre la fórmula de movilidad, el documento aclara que se mantendrá la actual hasta abril y luego se actualizará por el último dato de inflación calculada por el INDEC, para "garantizar a los jubilados que mantengan su poder adquisitivo".
La posibilidad de que YPF quede como una empresa mixta (estatal y privada) fue un pedido de una parte de la oposición dialoguista. Por ese motivo, el nuevo proyecto indica que "se eliminó a YPF del listado" de las posibles empresas dispuestas para ser privatizadas. "Para Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa", aclara.
"Además, se incorporó expresamente, la participación de la Comisión Bicameral de Privatizaciones de la Ley N 23.696 para el seguimiento de los trámites respectivos. Por otra parte, se eliminó el artículo 9 y se amplió la redacción actual el artículo 35 de la Ley N° 24.804 con el fin de mantener el poder de veto en algunas decisiones de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima", agrega sobre este punto.

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