El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se lanzó un protocolo para alertar y combatir conductas como el ciberacoso, la difusión no consentida de imágenes, la difusión de contenido íntimo, el hackeo de cuentas, el espionaje digital y la publicación de información personal sin autorización.

La UNICEF define el ciberacoso o cyberbullying como la intimidación a través de las tecnologías digitales, afectando tanto las relaciones escolares como el bienestar emocional de los estudiantes.

Desde el Ministerio de Educación se trabaja en la implementación de acciones concretas para proteger a las niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos asociados al uso de la tecnología. Una de ellas es el protocolo que entró en vigencia.

En el protocolo, se sugiere entrevistar por separado a las personas implicadas e "iniciar un proceso de reparación". También es posible suspender temporalmente a quien cometió la agresión y podrá intervenir el Ministerio Público Tutelar en el marco del Programa de Convivencia Respetuosa Entre Pares.

Se deberán registrar por escrito todas las intervenciones, entrevistar a las familias, dar intervención a los equipos técnicos de acuerdo a cada nivel, modalidad y tipo de gestión, y evaluar la necesidad de "acciones restaurativas".

Además de sancionar, se busca restaurar y prevenir, para que los estudiantes que hayan sufrido o cometido violencia digital puedan reintegrarse a la actividad escolar de manera efectiva.

Las medidas incluyen crear espacios de reflexión en la escuela, resguardar la intimidad de los estudiantes involucrados y, de ser necesario, dar intervención al Consejo de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. También, conectar a las familias con la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de CABA.

Una vez que se toma conocimiento de un hecho sobre un supuesto caso de violencia digital entre pares se sugiere implementar la Ley 223, que regula las normas de convivencia en el sistema escolar en CABA.

Otros organismos que podrán intervenir son el Consejo de Derechos de las Niños, Niñas y Adolescentes, cuando se presuma o se verifique una vulneración; y la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas.