A raíz de una investigación periodística, se expuso al diputado del PRO, Cristian Ritondo, y a su esposa, la abogada Romina Aldana Diago, por su vínculo con con sociedades offshore y la adquisición de propiedades en Florida, Estados Unidos.

El encargado de llevar la denuncia a Comodoro Py fue el abogado Jeremías Rodríguez y, a partir de ahora, la causa quedó a cargo del juez federal Sebastián Ramos. Según el sorteo informado por el Centro de Información Judicial (CIJ), el fiscal será Eduardo Taiano. “Para el régimen normativo argentino ambos denunciados son socios por estar casados, más allá de otras sociedades comerciales que integren”, señaló Rodríguez.

También afirmó que la sociedad conyugal “se rige por las reglas del contrato de sociedad” y que "los bienes que cada uno de los cónyuges, o ambos, adquiriesen durante el matrimonio, por cualquier título que no sea herencia, donación o legado... o por compra u otro título oneroso, aunque sea en nombre de uno solo de los cónyuges, son considerados bienes gananciales que integran la sociedad conyugal". En ese sentido, el abogado sostuvo que esto "demuestra que la comisión de los delitos es cometida por ambos cónyuges indistintamente, más allá de que en la compra de los bienes inmuebles y la constitución de las sociedades offshore figure uno solo de ellos".

Además, resaltó que "el diputado Ritondo no podía desconocer el régimen normativo de la sociedad conyugal que integra con su esposa Romina Diago, por lo tanto, está más que claro que ocultó información de manera intencional, en la declaración jurada obligatoria que exige la ley 25.188 (Ley Ética en el Ejercicio de la Función Pública)". Por eso solicitó que el dirigente del PRO y su pareja sean citados a declarar para determinar el origen del dinero para comprar las propiedades.

¿En que consiste el caso?

Según una publicación de elDiarioAR, en colaboración con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Diago está asociada a bienes valuados en más de 2,6 millones de dólares mediante estructuras financieras en jurisdicciones como Islas Vírgenes Británicas, Delaware y Florida.

Los registros analizados revelan que en 2014 Diago creó la empresa Sunstar Point Ltd. en las Islas Vírgenes Británicas para adquirir una propiedad en Florida por 650.000 dólares y documentos muestran que presentó pruebas para ser reconocida como directora y beneficiaria de la sociedad. En el mismo año, creó el fideicomiso Warwick Trust, con el cual administraba sus bienes y estableció que Ritondo podría tomar el control en caso de su fallecimiento. Este fideicomiso, revocable en vida, protegía inicialmente el 100% de las acciones de Sunstar Point.

Posteriormente, Sunstar Point Ltd. transfirió un departamento del condominio Beachwalk Condominium en Hallandale Beach a Ilustre LLC, una sociedad registrada en Delaware. Ilustre LLC, a su vez, aparece vinculada a Bonita Holdings 39 LLC, dificultando la identificación de los beneficiarios finales. En 2021, los registros oficiales conectan a Diago con Bonita Holdings 39. La investigación también señala que Diago estuvo vinculada a Goformore LLC, que adquirió tres inmuebles en Miami entre 2013 y 2015, valuados en más de 1,5 millones de dólares.

Ante esto, voceros de Ritondo afirmaron que su vínculo con la sociedad fue "estrictamente laboral" y cesó en 2013, aunque registros oficiales indican que Diago figuraba como administradora durante ese período.

En cuanto a Cristian Ritondo, el informe destaca que no declaró estos bienes ni las sociedades en sus declaraciones patrimoniales. En 2023, informó un patrimonio de 1.541 millones de pesos, un aumento del 1.709% respecto al año anterior, pero sin incluir los activos relacionados con Diago. Según la normativa vigente, la omisión de bienes en declaraciones juradas podría ser considerada un delito.

El informe señala que la confidencialidad de los bienes de las parejas de funcionarios está protegida por un decreto de 2012 firmado por Cristina Kirchner. Esta normativa limita el acceso a esa información únicamente a jueces y la Oficina Anticorrupción, dificultando el rastreo del patrimonio de Diago.