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Su defensa rechazó las acusaciones y afirmó que ningún proyecto fue aprobado sin la ordenanza correspondiente.
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Actualidad -
El Gobierno nacional prorrogó los contratos de aproximadamente 40.000 empleados públicos bajo el régimen del artículo 9° de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional. Será válido hasta el 31 de marzo y alcanza a trabajadores en servicios transitorios o estacionales con convenios vencidos el 31 de diciembre de 2024.
Todo indica que será la última prórroga, ya que los empleados deberán rendir una Evaluación General de Conocimientos y Competencias, que tiene tres etapas comprensión lectora, razonamiento lógico-matemático y administración pública. Los aprobados podrán ser considerados por sus jefes y mantendrían sus puestos.
Hasta ahora, 14.000 empleados han rendido el examen y el 95% lo aprobó. Sin embargo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que no son 40.000, sino más de 55.000 los empleados afectados, incluyendo monotributistas bajo locación de servicios y 2.400 trabajadores de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).
Mientras tanto, ATE señaló que se han registrado despidos en el Ministerio de Justicia, el Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) y Parques Nacionales. En el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, 87 empleados fueron notificados el 31 de diciembre, vía mensaje de WhatsApp, que no debían presentarse a trabajar.
En paralelo, el Gobierno publicó los decretos 1148/24 y 1149/24 en el último Boletín Oficial de 2024. Estas normativas congelan la planta de personal en la administración nacional y limitan las contrataciones. Las nuevas designaciones estarán restringidas, salvo excepciones, y deberán estar respaldadas por la baja de tres empleados existentes.
El decreto 1149/24 establece que, a partir del 1 de marzo de 2025, los aspirantes al sector público deberán aprobar el examen de idoneidad implementado para los empleados actuales. Este requisito también será obligatorio para las empresas con mayoría accionaria estatal.
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