El Departamento de Estado explicó que la medida se tomó para capacitar a su personal consular y aplicar filtros más severos.
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El Gobierno dispuso que los funcionarios responsables de distintas áreas puedan recibir una retribución adicional en función del ahorro presupuestario generado por la reducción de personal en sus respectivas dependencias. La medida generó un fuerte rechazo por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que convocó a un paro y movilización para este jueves.
A través de la decisión administrativa del Ejecutivo publicada en el Boletín Oficial, se estableció que las unidades retributivas adicionales se asignarán previa intervención de la Secretaría de Transformación del Estado y la Subsecretaría de Presupuesto.
Según fuentes oficiales, la disposición forma parte de la estrategia de racionalización del gasto público y busca incentivar la eficiencia en la administración de los recursos estatales. "Las unidades se distribuyen en función de los objetivos de cada cartera y entre esos objetivos está el ajuste", señalaron desde el Ejecutivo.
Esta normativa se oficializó en medio de un clima de tensión e incertidumbre en la administración pública, ya que este mes nuevamente hay un importante vencimiento de contratos. En caso de que todos esos contratos se den de baja, se incrementarían las unidades que cada funcionario responsable recibiría.
“El 31 de marzo vencen 50.000 contratos y el sindicato exige su renovación automática. Luego de publicarse la Decisión Administrativa 7/25 de la Jefatura de Gabinetes podrán asignarse unidades retributivas adicionales en función del ahorro presupuestario generado por la reducción de dotación de personal de la respectiva Jurisdicción”, dijeron desde ATE, al mismo tiempo que ratificaron el paro que incluye una movilización al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, para este jueves.
Desde ATE consideran que la medida es "una decisión escandalosa" y denunció que se trata de "un incentivo económico para el despido de trabajadores".
El gremio exige, además de la renovación automática de estos acuerdos, la reapertura de paritarias y recalcan que los salarios quedaron rezagados frente a la inflación. Por su parte, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) aún no se pronunció sobre la normativa, aunque ya anunció su adhesión al paro general convocado por la CGT para el 10 de abril.
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