Con vistas a 2027, el acto en la localidad de Suipacha servirá para ordenar el armado político y proyectar candidaturas dentro de La Libertad Avanza.

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La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación reclama por la pérdida del poder adquisitivo y cuestiona la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal y el traspaso de la justicia a la órbita porteña.

Con una jornada de banderazos en distintas sedes judiciales del país, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) dio inicio este miércoles a una nueva medida de fuerza en reclamo de mejoras salariales. La protesta continuará el viernes con un paro de 24 horas, según se detalló en un comunicado oficial del gremio.
Desde el sindicato que conduce Julio Piumato señalaron que la pérdida salarial acumulada alcanza el 31,26 por ciento. “Por eso continuamos la lucha. La dignidad de los judiciales no se rifa. La Justicia se defiende”, expresaron a través de redes sociales.
El reclamo incluye el rechazo al traspaso de la justicia nacional al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuestionamientos a la forma en que se está llevando adelante la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal.
En declaraciones periodísticas, Piumato aseguró que “nos deben la recomposición desde marzo” y afirmó que los trabajadores judiciales “llevamos perdido un 31,26% de nuestros salarios y siguen limando nuestro salario en fetas”, según sus propias palabras. Además, explicó que la medida busca mostrar “la constancia, la rebeldía que tenemos, la convicción y la dignidad como judiciales, para no aceptar estas migajas que nos están dando”.
También remarcó que el reclamo se da frente a un “proyecto unitario” de traspaso y denunció una gestión “improvisada” en el proceso de reforma judicial que impulsa el Gobierno nacional.

Con vistas a 2027, el acto en la localidad de Suipacha servirá para ordenar el armado político y proyectar candidaturas dentro de La Libertad Avanza.
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La medida incluye propiedades de la familia Kirchner y del resto de los condenados, en el marco del proceso de recuperación de fondos.
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El juez Daniel Rafecas consideró que no hubo delito ni perjuicio económico para el Estado y cerró el expediente por presunta malversación de caudales públicos.
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