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Un llamado engañoso a un agente del Poder Judicial activó una alerta de seguridad en la Corte Suprema. El caso quedó en manos del fiscal Santiago Vismara y bajo investigación para determinar si se vincula con denuncias previas.
La Justicia federal analiza un intento de intrusión sobre la línea oficial de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema, a través de un llamado fraudulento a un empleado del tribunal. El episodio ocurrió en la Dirección General de Gestión y Habilitación e Infraestructura, donde se concentran las gestiones con empresas de telefonía contratadas por el Poder Judicial.
Durante la jornada del lunes, el oficial Sebastián Matías Bustamante recibió en su celular personal una llamada desde un número privado. La persona al otro lado se identificó como integrante del área técnica de Movistar y le solicitó el código PIN de una línea supuestamente denunciada como robada. El pedido levantó sospechas en Bustamante, que interrumpió la conversación y dio aviso inmediato a la Dirección de Seguridad del organismo.
Una vez activado el protocolo interno, se confirmó que el número mencionado estaba vinculado al titular de la Corte. Por ese motivo, Rosatti ya fue provisto de un nuevo número por razones de seguridad.
La investigación quedó en manos del fiscal Santiago Vismara, con la intervención de la División de Conductas Informáticas Ilícitas de la Policía de la Ciudad. El hecho se suma a antecedentes recientes en los que se detectaron maniobras similares contra magistrados.
En una causa iniciada hace dos años, Rosatti había denunciado la existencia de cinco líneas activadas bajo su nombre sin autorización. Ese expediente derivó en el procesamiento de Ezequiel Núñez Piñeyro y Santiago Machado, acusados de formar parte de una red que accedía de forma irregular a información personal de jueces y funcionarios. También fue involucrado el ex agente Ariel Zanchetta, señalado por requerir más de 2.100 informes de ese tipo, algunos en colaboración con Fabián "Conu" Rodríguez, entonces en funciones dentro de la AFIP. Ahora, los investigadores buscan establecer si el nuevo intento se conecta con ese entramado o si forma parte de otro mecanismo de vigilancia no autorizado sobre figuras del Poder Judicial.
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