La Confederación General del Trabajo presentó este lunes una acción de amparo ante la Justicia laboral con el objetivo de frenar el decreto 340/2025, publicado por el Gobierno la semana pasada, que redefine el alcance del derecho a huelga al ampliar el listado de actividades consideradas esenciales. La presentación fue radicada en el Juzgado Nacional del Trabajo N° 3, a cargo de la jueza Fullana.

La central obrera ya había anticipado esta medida judicial días atrás. A través de un comunicado, cuestionó la decisión del Ejecutivo al considerar que el decreto “intenta suprimir el derecho a huelga en la Argentina de un plumazo y sin debate”. En ese mismo texto, la CGT expresó que el movimiento obrero “dará batalla en los tribunales, en las calles y en los lugares de trabajo”.

El cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, había retomado el tema días después durante una visita a Casa Rosada, en el marco de gestiones vinculadas a su sindicato de Sanidad. Consultado sobre el alcance del nuevo decreto, respondió: “La semana próxima estamos actuando nuevamente en la Justicia. Estamos seguros de que se va a sostener lo que ya predijo la Justicia en primera y segunda instancia con respecto a este tema”.

Daer hizo referencia a los fallos judiciales que, a comienzos de año, suspendieron parcialmente el DNU 70/2023 impulsado por el presidente Javier Milei. En ese caso, la CGT también había presentado una demanda judicial para frenar las reformas laborales incluidas en el decreto.

El nuevo DNU establece que los sectores declarados esenciales deberán garantizar una cobertura mínima de entre el 50 y el 75 por ciento de su funcionamiento en caso de conflicto gremial. Dentro de estas actividades se incluyen los servicios sanitarios, farmacéuticos y de transporte de insumos médicos; la producción y distribución de agua, gas, combustibles y energía eléctrica; y los servicios de telecomunicaciones, entre ellos internet y comunicaciones satelitales.

La medida también alcanza a la aeronáutica comercial, el control del tráfico aéreo y portuario, los servicios aduaneros y migratorios, el cuidado de menores y la educación en todos sus niveles (incluyendo guarderías, primaria, secundaria y educación especial), y el transporte marítimo y fluvial de personas, mercaderías y carga.